Un amparo colectivo y un fallo judicial en contra de la política de ajuste del gobierno libertario: el juez federal González Charvay ordenó al Estado nacional a mantener el pago del programa Volver al Trabajo.
La decisión del magistrado responde a la presentación que realizó la UTEP -Unión de Trabajadores de la Economía Popular- que, ante el anuncio del Ministerio de Capital Humano de finalizar con el programa que establecía el pago de 78 mil pesos a sus beneficiarios, realizaron la presentación.
Tal como señala el fallo, se ordena al Estado nacional a “que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva, debiendo acompañar en autos las constancias de su cumplimiento bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de recargo”, es decir, o cumple en tiempo y forma o deberá pagar una multa por cada día que dilate la aplicación de la medida.
Desde la UTEP indicaron que el juez dejó en claro que estos 78 mil pesos, al ser un ingreso mínimo posee un carácter “alimentario, integrado a una estrategia de inclusión sociolaboral”.
Asimismo, señalaron “el salario social complementario nunca fue un privilegio, lo conquistamos como complemento del trabajo real que nos inventamos todos los días. Este gobierno pretendía desnaturalizar nuestro trabajo para entregarnos a la indigencia, pero la justicia frenó ese atropello”.
A pesar de la respuesta favorable, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular se mantendrá en estado de alerta y movilización a la espera que el Ejecutivo liquide el próximo mes el programa. En ese sentido, desde Capital Humano advirtieron que apelarán el fallo judicial.
La medida favorece a un total de 951.871 de beneficiarios y beneficiarias de lo que alguna vez fue el Potenciar Trabajo y en el caso de Jujuy, 43.573.
Desde el desembarco de Javier Milei a la presidencia, el vaciamiento del programa fue progresivo, primero se desmarcó el ingreso del Salario Mínimo Vital y Móvil, por lo que desde diciembre quedó congelado en 78 mil pesos. Asimismo, se dividió en dos programas, Volver al Trabajo -VAT- destinado a personas entre 18 a 49 años, enfocado en la inserción laboral y capacitación. La duración del mismo sería de 2 años como máximo y por eso el anuncio a principios de abril de la cartera que dirige Sandra Pettovello de dejar sin efecto el mismo. Por otra parte, se creó el programa Acompañamiento Social: dirigido para mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos.
La eliminación del VAT respondía a la intención de implementar un sistema de vouchers de capacitación laboral y cursos para facilitar la inserción en el sector privado. Lo cierto, es que organizaciones sociales denunciaron la concentración de las capacitaciones en la región del AMBA, perjudicando especialmente a quienes viven en el interior del país. Eso, sin contar que en realidad este voucher era un monto por única vez y que era la misma cifra para pagar la cooperadora.
