Fueron varias las visitas que realizó la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos a Jujuy para corroborar las denuncias de referentes opositores al gobierno de Morales, llegada que tuvo como objeto recopilar testimonios y denuncias que dieron como resultado que en la provincia se cometieron al menos 58 vulneraciones de los derechos humanos por parte de la gestión del Frente Cambia Jujuy.
Las principales víctimas de estas vulneraciones fueron -y son- las organizaciones sociales, las comunidades indígenas y los medios populares-comunitarios, tal como lo expresa el informe realizado por la comisión.
En ese sentido, las principales causas de estas violaciones se deben por el despojo de tierras (17), creación y uso del Código Contravencional para criminalizar la protesta social (9), detención y torturas (7), allanamientos irregulares (7), violación a los derechos de los pueblos indígenas (7), obstáculos a la debida defensa (3), espionaje ilegal/infiltración (2), persecución política con armado de causas (2), Hostigamientos y persecución a la Organizaciones sociales (2) y violación a ley de inteligencia (1).
El documento señala que en Jujuy existen “no sólo graves violaciones a los Derechos Humanos, sino entendemos nosotros, una amenaza cierta y concreta a la vida democrática y la división republicana de poderes en la provincia de Jujuy y por ende en el país”.
Asimismo, sostuvieron “ante esta situación sumamente preocupante llamamos a las autoridades de los tres poderes a nivel federal a involucrarse de manera activa y urgente en la defensa de los derechos constitucionales y los derechos humanos de los jujeños y jujeñas, para salvaguardar su integridad física, libertades civiles y la vida política y social del pueblo jujeño. Misma responsabilidad y acción solicitamos a quienes tienen por labor la comunicación en nuestro país”.
El pedido se concreta al considera que hay “un agravamiento en la situación general de los derechos civiles y humanos en la provincia desde la visita de la Comisión en 2021, y en particular en la persecución a sectores organizados, así quienes están siendo principalmente perseguidos y afectados son organizaciones sociales y/o comunidades indígenas, como así también a los medios de comunicación alternativos y populares”.
58 denuncias
Ya en octubre de 2021, la comisión había elaborado el informe “Derechos Humanos en Jujuy. Una herida que sangra en la región”, todo ello derivado de la detención y encarcelamiento de Milagro Sala.
A partir de allí, los casos de violaciones de derechos humanos se convirtieron en una constante, gracias a los cambios formulados en la justicia. “Reconfigurada la justicia jujeña, el hostigamiento, la persecución y criminalización sobre luchadores y luchadoras populares, organizaciones sociales, políticas y sindicales, fue increscendo al punto de lo absurdo e inconstitucional. Se dispone el uso sistemático del Código Contravencional - ley provincial heredada de la gestión de Eduardo Fellner - como mecanismo disciplinador y de amedrentamiento sobre quienes se organizan, protestan y manifiestan socialmente, sobre quienes se oponen a las diferentes medidas gubernamentales”, detalla el documento.
También apuntaron a los roles de los organismos provinciales: “el aparato estatal provincial cuenta con la colaboración y disposición de la policía para garantizar el contexto represivo en la provincia, hoy bajo el mando del Ministro de Seguridad, Comandante Mayor (R) Luis Alberto Martín. Una policía denunciada en reiteradas ocasiones por brutales y graves represiones, por detenciones arbitrarias, por torturas”.
Gran parte de las violaciones se produjeron durante los allanamientos ocurridos a mediados de este año. Sobre ello, el informe recuerda que los mismos fueron productos de “una causa que comienza el 31 de marzo de este año 2022, cuando según consta en foja 1 del expediente el fiscal Funes dispuso crear Grupos de Trabajo para infiltrar a todas las organizaciones sociales que se movilizarían ese día que era la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados y que encabezaba el gobernador jujeño Gerardo Morales. La orden de infiltración tenía como objetivo “individualizar” a sus referentes”.
Y agrega “la investigación fue encomendada a la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad provincial, es decir, al propio Ejecutivo Provincial”.
“El Dr. Funes envió a la policía y asistentes fiscales a requisar casas particulares, comedores, merenderos y sedes de organizaciones, vinculados con el Movimiento Evita, el MTE, la Tupac Amaru, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la CTEP, Nuestramérica, el MTR 12 de Abril y el Frente Darío Santillán”.
En todos los casos, los allanamientos fueron realizados de manera irregular: no se permitió el ingreso de abogados, siendo que incluso había un asistente fiscal presente; uso de la violencia por parte de la policía a los allanados si no hubo resistencia por parte de los mismos, sin contar que no hubo orden de ningún juez que ordenara dichos allanamientos.
Se suma que luego se negó a los acusados y su defensa a acceder al expediente.
Por otra parte, la investigación que inició Funes en marzo también dispuso la “individualización” de referentes sociales y de familiares, recopilando datos personales (nombre y apellido, número de DNI, edad, cuil, datos electorales, laborales y financieros, números de celulares, domicilio (con fotos del frente de las casas), datos de las personas convivientes, redes sociales, antecedentes penales, contravencionales), todo ello, violando la ley de Inteligencia Nacional Nº 25520 y a la Ley de Seguridad Interior Nº 24059.
Para ello se conformó una “Comisión de investigación para realizar las diligencias de la causa con personal de la División Búsqueda de Personas: institución que cuenta con otra finalidad”, expone el informe.
Sin embargo, la denuncia más grave es por las torturas recibidas por manifestantes que intentaron realizar un corte de Ruta en San Pedro.
Agresiones físicas, amenazas, aislamiento y falta y/o deficiente alimentación relacionada con el aislamiento, fueron las vejaciones sufridas durante los 7 días que estuvieron detenidas las personas.
“Según lo denunciado, durante la represión el hijo recibió 11 balas de goma, el padre 3 y un piedrazo en la cabeza. Los patearon, los tiraron al piso, los golpearon para apresarlos, les pisaron las manos. Con la cachiporra los golpearon sin cesar, pese a que nunca opusieron resistencia, también fueron arrastrados hasta la camioneta” explica uno de los relatos recolectados.
También se denunció que “durante su estadía en la penitenciaría fueron filmados desnudos, los mantuvieron parados con las piernas abiertas por largas horas, esposados en el patio, y si se cansaban, eran golpeados para que se mantuvieran erguidos”.