JUJUY

En la Fiscalía Federal aportaron pruebas

Ampliaron denuncia penal contra el desalojo a la Comunidad Cueva de Inca y solicitan se garanticen sus derechos

El desalojo arbitrario a la comunidad indígena da cuenta de los intereses políticos, económicos sobre esos territorios. Usando la violencia, dañando el patrimonio y desconociendo la jurisprudencia de la provincia

Ampliaron denuncia penal contra el desalojo a la Comunidad Cueva de Inca y solicitan se garanticen sus derechos

 

La orden de desalojo a la comunidad de Cueva del Inca fue denunciada penalmente en la Fiscalía Federal el martes 22 de abril y el miércoles se realizó una ampliación de la denuncia para pedir protección a la comunidad y que se garanticen sus derechos.

El antropólogo Gustavo Ontiveros, realizo la ampliación de la denuncia que inicio el martes pasado, la cual frenó la violencia que desató la policía provincial, el municipio de Tilcara contra la comunidad de Cueva del Inca.

Las presentaciones ante la justicia en defensa de la comunidad indígena se basan en el reconocimiento que tienen desde 2014 por parte del Estado Nacional y que, mediante el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas -ReTeCI- obtienen una carpeta del expediente respecto a la posesión ancestral territorial. A pesar de ello, Valdecantos igual impartió la orden de despojo.

Oniveros apunta a la destrucción de patrimonio arqueológico y cultural del lugar que se encuentra el sitio arqueológico Sarahuaico, por lo que también se violaría la ley Nacional de Patrimonio.

Es así, que el profesional aporto pruebas a la denuncia,  un informe que detalla distintos archivos, de inmueble, archivos de tribunales, archivos históricos de la provincia, y otros documentos elaborado durante 13 años  con la comunidad que habita ese territorio. “Son tierras comunitarias, son tierras indígenas, y no es la finca Cordadera. Es decir, hay una gran confusión en la justicia provincial, en la juez, y en quienes llevaron a cabo este tipo de medidas de intento, de despojo y de desalojo, no solamente a Javier Mamani y la familia, sino también a toda la comunidad". 

Explicó que “la finca Cortadera está a 3 kilómetros de la zona de conflicto que hay actualmente, donde quieren despojar a la comunidad de Cueva del Incca" señalando que avanzan sobre otros territorios. 

Ontiveros, representado por las abogadas Alejandra Cejas y Silvana Llanés, realizaron la denuncia penal y la comunidad de Cueva del Inca junto a otras acompañaron la acción judicial en la capital jujeña.

“Fue un flagrante hecho de violación al derecho comunitario, donde se destruyeron bienes, se hizo un ingreso ilegal, y de hecho hoy sigue la policía de la provincia” expreso Cejas.

Al salir de la Fiscalía, manifestó que el ayudante fiscal Dr Casas: “nos piden disculpas, incluso acá en la fiscalía no se solicita la presencia policial de la provincia de Jujuy”, señaló ante la presencia de efectivos policiales fuera de la fiscalía .

Relataron las abogadas que en el expediente, se presentaron pruebas de la destrucción, desalojo, la violencia institucional en Cueva del Inca.

La denuncia penal es contra los intervinientes en la causa “estamos aportando las pruebas, vamos a incorporar todo para dar los detalles. Incluso entendemos que la justicia federal también va a pedir los expedientes provinciales”.

Por estás horas, integrantes de la comunidad de Cueva del Inca siguen resistiendo en su territorio.

Respecto a las 48 horas, tras quedar suspendido el desalojo la abogada Cejas dijo que “no hay constancia de eso. Fue parte de lo que dijo la gente del municipio, que tampoco entendemos cuál es la participación, porque la municipalidad no tiene por qué estar involucrada en la cuestión policial. Ahí es donde empieza a hacer mucho ruido lo que pasó realmente en Cueva del Inca. Hay intereses que son extra jurídicos, son intereses o políticos o económicos; pero no judiciales”.

 

Ontiveros entrego a Mriam Alfaro,  presidenta de la comunidad el informe elaborado durante 13 años

Ontiveros entrego a Mriam Alfaro, presidenta de la comunidad el informe elaborado durante 13 años

 

El conflicto territorial en la provincia es grave y muchos de ellos tienen por detrás proyectos mineros, turísticos que buscan despojar a las comunidades de sus territorios.

En el caso de Cueva del Inca la justicia federal se abocará a dilucidar y dará a conocer los interesados en esas tierras. “La denuncia penal va a hacer conocer en detalle quiénes están detrás de toda esta serie de desafortunados hechos que han involucrado a una comunidad que tiene derechos acreditados”, dijo Cejas.

“Acá se está violando toda norma que hace un avasallamiento de los derechos con abuso de autoridad, interviniendo juntamente las municipalidad de Tilcara ofreciendo casas para que se vayan, para favorecer, no sé si es un negocio inmobiliario, eso es lo que se va a determinar y se va a investigar. Vamos a aportar absolutamente todas las pruebas y brindar todas las herramientas a los fiscales que deban investigar la causa porque, volvemos a repetir, hay policías que no tienen orden, no sabemos por qué están ahí y les pedimos que investiguen.

Detallo las consecuencias del intento de desalojo: “destrozaron una casa de un integrante de la comunidad que están dentro de su territorio, que tienen sus papeles, su carpeta técnica. Es vergonzoso que siempre los más vulnerables tengan que ser reprimidos por una policía que lejos de cuidar a la población es utilizada con meros fines económicos, por el poder político y económico. También la intervención de la municipalidad de Tilcara, muestra la falta de división de poderes, o sea, no hay seguridad jurídica”.

También remarcan que la orden de desalojo estaba escrita para un integrante de la comunidad pero no a la comunidad. “El fallo o la sentencia en la cual ordena el desalojo solo del señor Mamani, no así de una comunidad completa” explico Llanés la contradicción judicial,

Consultada si está causa amerita un juicio político ante el desconocimiento jurídico de la justicia provincial, la abogada señaló que “veremos cuáles son los pasos a seguir, estamos iniciando. Porque hay una resolución, una decisión de una jueza con respecto al desalojo, una jueza provincial. 

Los jueces, al igual que todos los operadores judiciales, estamos sujetos a control y revisión. Para nosotros hoy la prioridad es la protección de la comunidad.Se han destruido dos viviendas, porque se han amedrentado a niños, a abuelos, a ancianos y la presencia policial que no es menor, como no es menor que este no hay acá. Entonces hoy estamos batallando contra el Estado Provincial y contra sus poderes constituidos.

Las comunidades están batallando contra quien deberían resguardarlas."Porque la ley para las comunidades es la ley federal, porque hay patrimonio arqueológico. Entonces el Estado Provincial en vez de resguardar eso las ataca, las violenta, las menega, las acosa, las hostiga".

"No es romper y robar propiedad privada. Porque la propiedad comunitaria también es propiedad privada desde la comunidad. Si la destruyeron, la rompieron, tampoco la policía puede andar amenazando, sea por orden de quien sea, si sea de una intendenta o de no sabemos quién" aseveró la abogada.

Por ultimo señalaron que la causa se investigará, pero fundamentalmente solicitaron protección a la comunidad "porque nosotros sabemos lo que es estar todos los días con la policía en la puerta de la casa amenazándote" cerró la abogada en referencia a otras causas de violencia institucional en la provincia.



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