Alejado del escenario político, pero dentro de la función pública, Pablo Baca sigue luchando por recuperar protagonismo tras su salida del Superior Tribunal de Justicia tras haber sido acusado e investigado por abuso sexual, denuncias que organizaciones de mujeres y sindicales se hicieron eco y que el ex magistrado intenta callar interponiendo medidas legales, tal como es el caso de APUAP.
La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) publicó una solicitada en sus redes ante un nuevo ataque del ex juez Dr Pablo Baca, ya que denunció al gremio por haberse expedido con un comunicado de solidaridad por una situación de violencia a la secretaria gremial Verónica Aramayo.
Baca, quien fue acusado por violación y si bien hay una sentencia que lo favorece, no está firme. Frente a ello, el ex magistrado, tal como es costumbre de violentos ejercen más violencia y más, cuando se amparan en la impunidad judicial del gobierno de Jujuy. Es así que APUAP recuerda en la solicitada a Baca “Sin libertad de expresión no hay democracia”.
“Desde la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) hemos tenido que afrontar en los últimos meses una demanda legal en contra de nuestra institución y de nuestros dirigentes -secretario general Nicolás Fernández y Secretario Adjunto José Cosentini- por parte del Dr. Pablo Baca, ex Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy quien, como es de público conocimiento, debió renunciar a su cargo por una denuncia de abuso sexual en marzo del 2020”.
“El motivo de la demanda que realiza el Dr. Baca contra APUAP fueron las expresiones públicas que, junto a más de 150 organizaciones gremiales, académicas, de organismos de derechos humanos y de la cultura de nuestra provincia y del país, realizara nuestro sindicato en solidaridad con la Secretaria Gremial de APUAP, Verónica Aramayo, antes dos hechos lamentables: Por un lado, la intimación a retractarse, mediante una carta documento en agosto del 2021, por sus opiniones sobre la violencia de género y su naturalización en el marco de la presentación en la feria de libro de una antología donde escribía el Dr. Pablo Baca, en ese momento aún imputado por el delito de violación”.
“Recordamos que dicha participación en la Feria del Libro generó una importante critica del movimiento de mujeres, de organismos de Derechos Humanos y de referentes de la cultura de Jujuy. La intimación a Verónica Aramayo fue realizada en su carácter de secretaria Gremial de APUAP y presentada en el domicilio de nuestra institución. Por otro, posteriormente en abril de 2022, ante un repudiable hecho de violencia en la vía pública, donde el Dr. Pablo Baca insultó y amenazó al padre de nuestra Secretaria Gremial haciendo dichas amenazas extensivas a ella. Hechos denunciados en la Comisaria Cuarta y que tuvo como correlato una Medida Cautelar dictada por el Juzgado de Género a Cargo de la Jueza Dra. Mónica Cruz Martínez. Dicha medida cautelar fue apelada por el Dr. Baca. Aún nos preguntamos ¿con que objeto pidió reiteradamente que cayera una medida de protección a una mujer? La medida cautelar fue sostenida por 2 magistrados sucesivamente quienes, con un excelente criterio y aplicando la perspectiva de género en la Justicia, no dieron lugar a la apelación del Dr. Baca a pesar de su insistencia”.
“Para muestra del autoritarismo y la persecución que ejerce el Dr. Pablo Baca sobre APUAP y sus dirigentes, en una actitud que rosa el ridículo, amplía su demanda hacia el gremio presentando como hecho nuevo que la Asamblea de Trabajadores/as Profesionales (órgano soberano del sindicato) repudio su conducta, pretendiendo interferir en una actividad propia de la vida interna y democrática de nuestra institución gremial”.
“Ante este nuevo ataque del Dr. Pablo Baca sostenemos:
En una sociedad democrática existen derechos fundamentales, uno de ellos es la libertad de expresión sobre los hechos públicos. Al ser el Dr. Baca, en su momento, un hombre con el más alto cargo en la Justicia su imputación generó un estrepito público y posicionamientos de diversas organizaciones y referentes que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres, los derechos humanos y otros diversos sectores. Si se cercena la libertad de expresión, luego de ello, no queda derecho por respetar.
Es válido preguntarnos ¿cuánto de este accionar del Dr. Baca responde, o se respalda, en un contexto político y en un gobierno como el del Gobernador Gerardo Morales que lo resguarda como asesor legal en el Ministerio de Ambiente? ¿No es este un hecho más de atropello y cercenamiento a las libertades democráticas que padecemos en esta provincia los trabajadores?
Nos preocupa, sobremanera, la pretensión del Dr. Baca de utilizar la justicia para revanchismos personales en un ámbito donde él, al parecer, se considera impune o con influencias y ventajas. Desde APUAP aún creemos en la Justicia independiente toda vez que consideramos que existen situaciones de suma gravedad de la que ésta debe ocuparse. Solo nombraremos los 11 femicidios ocurridos entre 2021 y 2022 como otros temas que aquejan y angustian a la ciudadanía en un contexto de inseguridad creciente.
Somos férreos/as defensores/as de los derechos de las y los trabajadores y sostenemos nuestro compromiso histórico con los derechos humanos y la erradicación de las violencias de género. Por ello, nuestra defensa será por la vía legal correspondiente y a
la vez será con la lucha colectiva y solidaria de los sectores populares en las calles y en todo ámbito donde debamos hacer oír nuestra voz”.