JUJUY

Por el amparo presentado por asociaciones de consumidores

Aumento del boleto: la Justicia citará al Estado provincial y a empresarios del transporte

En audiencia, la Municipalidad pidió que se incorporen a la causa a todas las empresas, estrategia para ralentizar el proceso judicial

Foto: Municipalidad de San Salvador
Foto: Municipalidad de San Salvador

Finalmente ayer se llevó a cabo la audiencia entre las asociaciones de consumidores Codelco y PROCONSUMER y la Municipalidad de San Salvador para dirimir el aumento dispuesto desde el ejecutivo capitalino en la tarifa del transporte público.

La demanda, presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, por parte de las asociaciones el pasado 15 de agosto, responde al incremento del 10 por ciento en el precio del boleto, que fue aplicado por el intendente, valiéndose de una ordenanza municipal aprobada el año pasado.

Consultada por Jujuy Dice, la Dra. Claudia González, titular de PROCONSUMER, explicó “las asociaciones Codelco y PROCONSUMER presentaron una medida autosatisfactiva, es un trámite particular que es más parecida a una medida cautelar que a un amparo”.

La letrada consideró que este tipo de recurso judicial era el más apropiado “porque creíamos que se trataba de una cuestión de puro derecho, que al no existir un instrumento idóneo que autorice el aumento, tal como se había otorgado, bastaba ver la ordenanza y constatar que el aumento otorgado estaba fuera de lo que autorizaba la ordenanza y se podía resolver” rápidamente.

A pesar de ello, González subrayó las trabas que presentó desde el principio de la audiencia el abogado representante del municipio capitalino. “La medida del amparo es imposible con la Municipalidad porque les encanta ordinarizar, complicar, plantean chicanas sobre si la documentación está en original o fue acompañada de manera simple”.A lo que agregó “es una vergüenza, porque la Municipalidad, la institución, ha litigado con las asociaciones desde hace años”.

Según explicaciones de la Dra., durante la audiencia de ayer, en la cual debía resolverse el tema, apareció un nuevo abogado en representación del municipio, quien expresó que no le constaba que esas asociaciones (por Codelco y PROCONSUMER) estuviesen autorizadas para presentar dicha demanda. González subrayó que se trató de una “chicana infantil”.

Además, sostuvo “el problema es que la audiencia era para contestar la demanda, pero apareció la Municipalidad, contestó (la demanda) siempre negando todo y con cosas absurdas, como, por ejemplo, negar el estatuto de las asociaciones, que tengamos capacidad para ejercer la acción que hemos ejercido”.

La abogada indicó que ese tema “ya está zanjado, en la jurisprudencia y en la doctrina” y aclaró que “las asociaciones hasta podemos presentar denuncias penales de manera colectiva” y que “no se aplican (a las asociaciones) las disposiciones que son para los particulares”.

Otro de los puntos a los que hizo referencia González, es que además de desconocer a las asociaciones, el abogado de la municipalidad pidió que se incorporen a la causa a todos los empresarios del transporte, bajo pretexto que la sentencia que se puede llegar a dictar, afecta a los derechos de la empresa.

Respecto a esto, la titular de PROCONSUMER, destacó que “en realidad, lo que afecta a los derechos de la empresa, es que se otorgue aumentos sin tener el acto administrativo idóneo, y especialmente, en el caso del intendente, manejándose fuera de la facultad que tiene y de las facultades que se le han delegado”.

Por otra parte, expresó que ante el trámite trabado por el municipio, al cual las asociaciones se opusieron, solo se pudo constituir el tribunal, que quedó a cargo del Dr. Pedicone.

Asimismo, se resolvió citar a las empresas y al Estado provincial. Esta medida responde a que los funcionarios judiciales expresaron que ambas partes (por el municipio y las asociaciones de consumidores) tenían conocimiento del encuentro realizado días atrás entre dirigentes de la UTA, empresarios del transporte y funcionarios del gobierno provincial.

De la misma manera, la justicia le dio un plazo de 5 días al municipio capitalino que notifique a la autoridad competente, los domicilios de las empresas para poder notificarlas.

Tal como consideró la Dra. González, esta medida, lo único que hace es extender los plazos para llegar a un fallo, debido a que deberá convocarse a otra audiencia luego que todas las empresas respondan al llamado de la justicia.



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