Otro escandalo que salpica al MPA, lo que iba a ser el inicio del juicio por el caso de corrupción dentro del Juzgado Contravencional Nº1 y que apunta al desvío de alrededor de 500 millones de pesos, el fiscal Diego Funes omitió presentar la homologación del proceso abreviado de 2 de los 6 imputados, hecho por el cual el proceso quedó suspendido, sin fecha concreta de reanudación.
La audiencia de hoy había sido pautada para las 8.30 y se esperaba escuchar el relato de diez testigos. Sin embargo, el Tribunal, presidido por la jueza María del Rosario Hinojo y acompañada por las magistradas Felicia Barrios y el juez Mario Puig dieron lugar al pedido que hizo Marcelo Chauque, abogado defensor de Matías Yebara, el único de los imputados que llegó al proceso detenido y que señaló la complicidad del ex gobernador Gerardo Morales, su ministro de Seguridad, Guillermo Corro, la ex titular de Ambiente y ahora diputada nacional, Inés Zigarán, además del legislador provincial Adriano Morone, entre otros. La queja del letrado apuntó a que el fiscal del MPA, Diego Funes omitió presentar la homologación de dos de los acusados.
Frente a ello, el tribunal realizó un cuarto intermedio y, tras deliberar 40 minutos, decidieron suspender la audiencia, hasta tanto el fiscal cumpla con la homologación de las imputaciones faltantes y que dejaba en una situación de desigualdad a sus defensas.
En principio, se había definido que solo la audiencia de hoy fuera suspendida, aunque luego las defensas comenzaron a indagar sobre las fechas previstas para el 16, 17, 24, 27 y 30 de noviembre. En ese sentido, se apuntó que no podían concretarse las posteriores audiencias, en tanto no se diera cumplimiento con el trámite que correspondía realizar al fiscal Funes, por lo que finalmente, el tribunal terminó por suspender el juicio, debiéndose peticionar una nueva fecha para el debate.
La decisión de las juezas también apuntó a respetar a los testigos que deben hacerse presente en cada una de las audiencias, a quienes se volverá a citar cuando este garantizado que se pueda cumplir con el proceso judicial normalmente.
