Escándalo en el Juzgado Contravencional N°1: el único detenido apunta a una red de recaudación política y presunto encubrimiento a días del juicio

Escrito de Matías Yebara

La situación dentro del penal escaló en las últimas horas: Yebara fue sancionado y suspendido en el servicio penitenciario por comunicarse telefónicamente con la prensa. Yebara está privado de su libertad, pero no de su derecho a la libertad de expresión.  

 Para muchos, el único imputado con prisión preventiva se ha convertido en el "chivo expiatorio" de un circuito de recaudación que durante años disciplinó a la sociedad jujeña a través de multas millonarias, arbitrarias.

Cabe recordar que el Código Contravencional jujeño se implementó el 1 de enero de 2016, bajo la gestión de Gerardo Morales, con cuestionamientos históricos sobre su uso para criminalizar la protesta social. La investigación judicial, iniciada en 2024 y profundizada en 2025, sacó a la luz la absoluta falta de control sobre los fondos del juzgado y la existencia de una supuesta "caja negra" recaudadora que salpica a la administración de Morales y la actual gestión del gobernador Carlos Sadir.

"No hay estado de derecho"

A pesar de encontrarse privado de su libertad, Yebara mantiene firme su derecho a expresarse. En la mañana del jueves, en plena comunicación con JD, agentes del Servicio Penitenciario cortaron abruptamente el llamado antes de que se cumplieran los diez minutos reglamentarios.

Minutos antes de que cortaran el teléfono, el detenido expresó su desazón de cara al juicio: “Me siento mal porque es un juicio que viola todas las garantías constitucionales a mi persona. No hay estado de derecho en Jujuy. Declaré como arrepentido con [el fiscal] Diego Funes y [el fiscal general] Lello Sánchez y no se me respetó el trato. Se borraron las pruebas que involucraban a diputados, senadores, ministros, jueces, por eso soy el único que está acá”, sentenció.

Yebara detalló que, tras prestar declaración bajo la figura de testigo colaborador, la carátula de su expediente cambió radicalmente: “Después de que yo declaré me cambiaron la imputación de miembro a jefe de asociación ilícita. O sea, tomaron mi declaración para imputarme y agravar la carátula. Entonces ahí, diputados, senadores… acá me están cortando el teléfono”, relató antes de que los agentes le prohibieran continuar la comunicación.

Por su parte, Roxana, hermana del imputado, confirmó las sanciones sufridas en el penal: “A mi hermano lo suspendieron en el penal. Presenté notas en diferentes lugares para que lo escuchen. Una de las abogadas que estuvo en la causa me dijo: 'Tu hermano ya tiene sentencia, es el perejil de la causa'”.

Pedidos de la hermana del detenido

Roxana también denunció irregularidades previas en el cumplimiento de una probation que su hermano ya había saldado en una causa anterior: “Un fiscal apuró al presidente del centro vecinal donde mi hermano cumplía el trabajo comunitario para perjudicarlo”. Ante la situación el abogado Fabián Choque trabaja en la defensa de su cliente.

El cronograma del juicio y los acusados

El debate oral comenzará este 12 de noviembre a partir de las 8:30 horas. El tribunal estará integrado por la Dra. María del Rosario Hinojo como presidenta de trámite, acompañada por los vocales Felicia Barrios y Mario Puig. El banquillo de los acusados mostrará una profunda asimetría: mientras Matías Yebara llega privado de su libertad como presunto principal responsable, los demás imputados identificados como Aguayo, Ramos, Rodríguez y Taritolay llegan al debate en libertad. La acusación estará sostenida por el fiscal Diego Funes, quien instruyó la causa para intentar demostrar el circuito de fraude montado en el organismo contravencional. Las audiencias continuarán los días 16, 17, 24, 27 y 30 de noviembre.

Las graves denuncias del imputado: La "caja negra"

En un escrito fechado el 14 de agosto de 2025, al que JD tuvo acceso, Yebara describe con precisión quirúrgica el mecanismo de recaudación que operaba en la dependencia dependiente del Poder Ejecutivo, donde se aplicaban multas con sumas millonarias.

La hermana de Yebara ingresó notas al Consejo de la Magistratura, solicitó dos audiencias al Gobernador, y elevó presentaciones al Procurador del Ministerio Público de la Acusación y al secretario de Seguridad provincial, ninguna fue respondida.

Según su testimonio, al ingresar a trabajar como oficial ayudante de la policía comisionado en dicho juzgado, bajo la órbita del ex juez Matías Ustárez y funcionarios ministeriales, se montó un sistema paralelo de fondos destinado a financiar campañas electorales. Entre las maniobras descriptas figuran:

-Donaciones y multas irregulares, los elementos secuestrados por el juzgado (como gorras y zapatillas) eran redirigidos o comercializados con el conocimiento de autoridades ministeriales y provinciales.

-El circuito de remates era un sistema de armado de expedientes en subastas de motovehículos y animales donde los propietarios legítimos se veían imposibilitados de recuperar sus rodados. Los fondos ingresaban a cuentas diferenciadas y los vehículos se reinscribían con documentación irregular en el Registro Automotor.

-También señala multas ambientales y viales, las infracciones labradas por áreas de Medio Ambiente y controles de alcoholemia que derivaban sistemáticamente en juicios de apremio coordinados de manera directa con Fiscalía de Estado.

Testigo colaborador y "promesas caídas"

Yebara sostiene que, tras su detención, fue presionado para declarar como "testigo colaborador" bajo la promesa fiscal de recibir una pena condicional de tres años en suspenso. Sin embargo, denuncia que tras cumplir con dicha directiva en la que asegura haber nombrado a más de 30 centros vecinales, legisladores y ministros radicales involucrados en el armado de los expedientes. La respuesta institucional fue contraria a lo pactado: "Me hicieron hablar solo para borrar todo y encubrir a todos los políticos nombrados", expresa en su escrito.

Asimismo, el imputado reclama la nulidad y el acceso urgente a los soportes digitales de sus declaraciones originales y al material fílmico que obraría en poder de la Fiscalía a cargo de Diego Funes, asegurando que se le retacea prueba esencial a escasos días de la apertura del debate, vulnerando flagrantemente su derecho de defensa.

Pedido de avocamiento y suspensión del debate

Ante el inminente juicio del 12 de noviembre, la defensa y el propio detenido han solicitado la intervención urgente del Consejo de la Magistratura mediante un recurso basado en el artículo 199 de la Constitución Provincial, reclamando la suspensión del debate oral hasta tanto se investiguen las denuncias por presunto abuso de autoridad, encubrimiento institucional y el destino de los millonarios fondos que demostrarían la protección sistemática de funcionarios públicos.

El caso promete escalar con máxima intensidad en la agenda pública provincial, exponiendo nuevamente las sombras sobre el funcionamiento interno de los organismos de control y la justicia contravencional en Jujuy.