En medio de las presentaciones que descansan en la Legislatura para que se revise el contrato de licitación, EJESA nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta, esta vez, por una denuncia penal que apunta a una evasión de más de 6 mil millones de pesos y una maniobra para recaudar de forma ilegal.
La presentación gira en torno a las maniobras del grupo Edison Energía que maneja los hermanos Juan y Patricio Neuss, allegados al gobierno de Javier Milei, respecto a la facturación del servicio.
En principio, la denuncia fue presentada ante el ARCA -Agencia de Recaudación y Control Aduanero- por parte del ingeniero Hugo Farfán, quien también había denunciado a la empresa en 2020 por la aplicación del cargo FOPEJ. Precisamente este recargo, es parte de los puntos sobre los cuales apunta la denuncia.
Según Farfán, EJESA desplegó un “ardid contable, coordinado y sostenido” destinado a eludir los controles de la autoridad de recaudación y “defraudar la Hacienda Pública Nacional, afectando simultáneamente el bolsillo de los consumidores residenciales, comerciales e industriales”.
La maniobra para “evadir” y “recaudar de forma oculta” se remonta al 1 de mayo de 2024 hasta el presente y consta de un “mecanismo de facturación” de tres pasos, tal como se indica en la denuncia: el primer paso afectaría a usuarios residenciales con el “ocultamiento y omisión de IVA”, poniendo bajo la figura del cargo Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy (FOPEJ), “omitiendo registrar la actividad real de generación aislada ante los organismos fiscales”, por lo que se habría producido la omisión absoluta de la alícuota del 21% de IVA sobre el sobreprecio del Sistema Aislado Provincial -SAP- al cobrar este importe como “exento” o “no alcanzado”. “No debita el IVA y, por lo tanto, todo lo que ellos tienen como crédito fiscal pasa a ser gasto, motivo por lo cual pagan menos impuesto a las ganancias” explicó el ingeniero, quien calculó que, desde mayo de 2024 hasta la actualidad, la evasión bajo esa maniobra asciende alrededor de los 3.500 millones de pesos.
Se suma a la evasión de otros 2.800 millones de pesos, a través del consumo de usuarios no residenciales. Señalando que para los comercios e industrias EJESA calcula internamente el IVA (21% o 27%) “sobre el sobreprecio y lo incorpora de forma oculta dentro de la tarifa unitaria cobrada. De esta manera, la distribuidora percibe el monto del débito fiscal directamente del bolsillo del comerciante, pero jamás lo declara ni lo ingresa a las arcas del Estado Nacional”.
Por último, aparecen los “impuestos a combustibles no consumidos”. En este parágrafo, se detalló que el sobreprecio que se le habría cobrado al usuario sería a partir de tomar como base el cálculo de cierto volumen de gasoil. Sin embargo, la denuncia señala que los importes recaudados en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos (ITC) e Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2) en realidad corresponderían a combustible que nunca fue adquirido ni utilizado para la generación eléctrica. La cifra supera los 220 millones de pesos. “EJESA no aparece como generadora, sin embargo, factura como tal” indicó el denunciante en diálogo con Ámbito Financiero.
De esos tres conceptos es que Farfán estima una evasión de 6.600 millones de pesos en apenas un año del manejo del grupo económico sobre EJESA.
Sin avanzar la denuncia en el ARCA, el ingeniero se presentó ante los juzgados federales de la provincia para accionar contra empresa por delitos tributarios. Asimismo, tras la presentación, Farfán solicitó que se incorpore como querellante al Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidores de Jujuy -CODECUC-, que desde hace meses viene realizando amparos para que se obligue a EJESA a suspender cortes de servicio a familias que mantengan deudas, aplique resarcimientos económicos ante la falta del servicio, entre otros puntos.
En cualquiera de los casos, la justicia sigue sin expedirse sobre el tema.
Si bien la denuncia apunta contra la empresa, el referente de CODECUC, Alberto Mur advirtió que la maniobra también salpicar a funcionarios y organismos de control estatales -como la SUSEPU- de probarse que se omitió fiscalizar a propósito o habilitaron estas resoluciones haciendo caso omiso.
Con información de Ámbito.com
