Otro fallo a favor de una escuela para personas con discapacidad motriz, la provincia insiste en desalojar

Un fallo que volvió a dar un poco de tranquilidad a la comunidad educativa de APREM - Asociación para la Rehabilitación Motora-, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y de Familia ratificó lo que la justicia venía determinando desde 2024, sin garantizar un lugar para el funcionamiento de la institución, no se podrá llevar a cabo el desalojo que pretende el gobierno de la provincia.

La resolución se dictó a fines de octubre. En la misma se deniega el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el procurador Héctor Cervantes en representación del Estado provincial, además de imponerle las costas del proceso.

En total son tres los fallos judiciales que favorecieron a APREM, el primero ocurría en junio de 2024 -cuando se inicia el conflicto-, suspendiendo el desalojo. En aquella oportunidad, tanto las familias como docentes y la directora, Lorena Ladrú, tomaron el edificio para impedir que fueran expulsados del lugar. Meses más tarde, se intentó nuevamente retirar a la asociación del lugar, aunque la justicia ordenó suspender el desalojo provisoriamente, en paralelo apuntó que el Estado provincial debía presentar un plan de acción para “garantizar la continuidad ininterrumpida de los servicios de rehabilitación y educación”, como así también permitir el ingreso de técnicos para poder realizar el mantenimiento del edificio.

El municipio, encabezado por el radical Julio Bravo, en conjunto con su hija, la diputada Gisel Bravo, intentaron gestionar otro espacio, aunque la solución era provisoria: la propuesta era que compartieran un edificio con institución también dedicada a la rehabilitación, pero con personas adultas. Dicha propuesta fue rechazada por APREM por dos puntos, si las instalaciones cumplían con las necesidades edilicias para el caso y la segunda, sobre el plazo que tenían para quedarse allí, en tanto que el alquiler del lugar solo estaba asegurado hasta diciembre de 2024.

Ante el pedido que garantice un espacio donde funcionar, el representante del Estado jujeño presentó un recurso de apelación que finalmente no fue concedido, aunque el tema de fondo sobre el desalojo sigue pendiente. “Que el Estado provincial cese con el desalojo”, pidió la directora tras conocer la última resolución a favor y recordando los fallos favorables anteriores.