JUJUY

El intendente había ofrecido una solución provisoria

Los quisieron desalojar, la justicia ordenó al Estado provincial que garantice la continuidad si lo quiere llevar a cabo

Ocurre con la escuela de San Pedro APREM, establecimiento donde asisten niños, niñas y adolescentes con discapacidad motora. En junio de 2024 los quisieron expulsar del edificio que habían construido con el esfuerzo de las familias

Los quisieron desalojar, la justicia ordenó al Estado provincial que garantice la continuidad si lo quiere llevar a cabo

 

“Suspender provisoriamente la ejecución del desalojo, hasta tanto se cumplimente lo ordenado(…)”; “intimar al Estado provincial a que presente ante este Juzgado un plan de acción para garantizar la continuidad ininterrumpida de los servicios de rehabilitación y educación que se prestan (…), el cual deberá estar debidamente refrendado por profesionales técnicos competentes; “mantener la obligación de la demandada de permitir el ingreso de personal técnico para reparaciones urgentes a fin de salvaguardad la integridad física de los asistentes mientras dure la suspensión” fueron los puntos encomendados por el fallo a favor de la escuela de San Pedro, APREM -Asociación para la Rehabilitación Motora-.

Sobre el fallo, la abogada que representa al establecimiento, Alejandra Cejas, indicó “el juez interviniente tuvo la empatía y el criterio que no puede desalojar a niños y jóvenes discapacitados, aunque el Estado provincial insista en una medida tan desatinada”. La expresión de Cejas responde a los intentos fallidos que impulsaron funcionarios municipales y la propia diputada Gisel Bravo -hija del intendente- para que la escuela deje el lugar. Una de las soluciones fue que compartieran un edificio con una institución que trabajaba con una población similar, aunque de adultos, por lo que rechazaron la propuesta, que además era provisoria.

 

Fallo a favor de APREM

Fallo a favor de APREM

La defensa por el lugar fue férrea, en una de las notificaciones que recibieron a principios de junio de 2024, familias y docentes permanecieron en el establecimiento para evitar el desalojo que, por las presentaciones realizadas ante la justicia, quedó sin efecto en reiteradas oportunidades y que ya lleva casi dos años de judicialización.

La disputa por el lugar no es porque sí, APREM comenzó a funcionar en 1997, el edificio fue erigido en un terreno que pertenecía al centro de jubilados, aunque estaba en estado de abandono. Así, la decisión fue construir el establecimiento adaptado a las necesidades de sus estudiantes. La obra se realizó con el esfuerzo de las propias familias y el equipo docente.

 



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