En una nueva demostración del vaciamiento institucional al servicio de los grupos concentrados de poder, la Legislatura de Jujuy paralizada sin sesionar esta semana. La parálisis de la actividad parlamentaria no es casualidad: expresa el funcionamiento de un régimen político diseñado para aplicar el ajuste y garantizar el saqueo, blindando de cualquier debate público las decisiones que afectan la vida cotidiana de las mayorías populares.
La denuncia cobró fuerza a partir de las declaraciones del legislador de la izquierda, Gastón Remy, quien expuso con claridad el rol que juega hoy la Cámara de Diputados provincial: un escribanía del Poder Ejecutivo donde los proyectos impulsados desde la oposición y los pedidos de informes sobre el destino de los fondos públicos sufren el encajonamiento sistemático. Ante el oscurantismo con el que se maneja la agenda legislativa, Remy insistió en la necesidad urgente de transmitir en vivo las reuniones de comisión, para que el conjunto del pueblo trabajador pueda ver en directo qué intereses defiende cada bloque.
Dos Jujuy: la minoría que se enriquece y la mayoría que se endeuda
El freno a la actividad parlamentaria se da en un contexto social crítico. Mientras la dirigencia política tradicional evita debatir los problemas estructurales de la provincia, la crisis la pagan los de abajo. Remy sintetizó esta profunda desigualdad señalando que coexisten dos realidades contrapuestas: una provincia próspera para unos pocos empresarios y multinacionales, y otra Jujuy donde miles de trabajadores deben recurrir al pluriempleo, sobreviven endeudados y no logran cubrir la canasta básica.
El eje central del debate que el oficialismo se niega a dar pasa por la distribución de la riqueza generada por los recursos naturales, especialmente el litio y la minería. Los ingresos proyectados por la extracción minera en las próximas décadas alcanzarían para resolver de raíz deudas históricas como el déficit habitacional, el acceso al agua potable, la salud y la educación pública. Sin embargo, en lugar de discutir quién se queda con los recursos de la provincia y cómo destinarlos a la infraestructura popular, la gestión del gobernador Carlos Sadir continúa la línea trazada por el Gobierno nacional de Javier Milei: transferir ganancias a los grandes grupos económicos y aplicar un severo plan de austeridad sobre las familias trabajadoras.
Ni resignación ni contención: organizar la lucha contra el ajuste
Frente a este escenario, la nota discordante la marca la estrategia del Partido Justicialista (PJ). Lejos de convocar a la movilización, el peronismo actúa como sostén de la gobernabilidad, proponiendo "esperar a 2027" para disputar las elecciones. Una alternativa que promete administrar el mismo modelo semicolonial de sumisión al Fondo Monetario Internacional (FMI), pero con distinto color político.
Desde la izquierda remarcan que la salida no vendrá de los despachos oficiales ni de promesas electorales a largo plazo. La tarea del momento pasa por fortalecer la organización independiente en las calles, en los lugares de trabajo y en los barrios populares. Construir una alternativa política propia de la clase trabajadora que apueste a la coordinación de todas las luchas en curso y prepare la huelga general como la única herramienta capaz de derrotar el plan de ajuste del FMI, las grandes patronales, Milei y Sadir.
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