JUJUY

Organizaciones advertían sobre su uso disciplinatorio

Corrupción por las contravenciones: “el Ministerio de Seguridad deberá explicar los fondos que ingresaban”

Así lo señaló el abogado de una de las funcionarias del Juzgado Nº1, también imputada. Asimismo, expuso que en la investigación que lleva a cabo el fiscal Diego Funes se realizaron procedimientos ilegales para recaudar pruebas

foto de archivo
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El escándalo por el presunto desvío de más de 500 millones de pesos al Estado provincial por la recaudación del Juzgado Contravencional N°1, salpica tanto a Gerardo Morales como a Carlos Sadir por posibles casos de corrupción que la justicia provincial investiga, aunque el recelo por la falta de independencia vuelve a aflorar el pedido de intervención federal del Poder Judicial.

Hace una semana se hizo pública la causa que se investiga desde junio de 2024, aunque en realidad son 3: la primera tiene como imputados a Ezequiel Yevara (partícipe necesario) y Matías Yevara quien se encuentra detenido desde el año pasado, acusado en la causa de “Asociación ilícita”. A partir de la apertura de celulares, se abre una segunda causa por “malversación de fondos” y “defraudación al Estado”, la cual investiga el desvío de fondos. En tanto, la tercera causa es la que tiene como imputado al ex juez contravencional Matías Ustárez Carrillo por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario”.

El lunes tras la feria judicial, habrá novedades sobre uno de los casos de corrupción en la gestión radical. En medio de las acusaciones, el juez denunciado e investigado renunció al cargo y fue designada Gabriela Albornoz como reemplazante. Albornoz no sólo fue diputada, sino que además es funcionaria de Sadir. La dirigencia política del oficialismo se encuentra en silencio, los legisladores se encuentran en receso y no hubo posicionamiento ante el hecho de corrupción en el Ministerio de Seguridad de la provincia, del cual dependen los 3 juzgados. Solo los legisladores del FITU se han expresado y adelantaron la presentación de un pedido de interpelación a los funcionarios para que den cuenta de los fondos en cuestión.

Respecto a la primera causa, la misma es llevada a cabo por el fiscal Diego Funes de la Unidad Fiscal Especializada en delitos contra la administración pública, quien inicia el proceso por un presunto cobro de coimas de un efectivo policial de Seguridad Vial, a un conductor que no contaba con la documentación vehicular. En abril de este año, la abogada Alejandra Cejas asumió la defensa del único detenido por la causa de defraudación en el Juzgado contravencional N°1 que denunció, además, al fiscal de la causa Funes por encubrimiento. Aunque el juez de Control, Rodolfo Fernández desestimó la misma. La causa por asociación ilícita estaría próxima a ser elevada a juicio. Aunque las defensas de imputados solicitan que se unifiquen.

“Nos sorprendió la imputación de Ustárez porque no estaba participando en ninguna de las causas hace un mes atrás. Tomamos conocimiento en la audiencia de control cuando el fiscal informó de la imputación. Nos llamó la atención a las defensas porque no correspondía que exclusivamente esté solo imputado el ex juez, sino que participe de las otras causas porque hay un vínculo”, explicó Roberto Aleman, abogado que representa la defensa técnica de uno de los imputados Yevara.

Asimismo, consideró “esto reabre otro reclamo más profundo y amplio como es la intervención del Poder Judicial, un pedido que hizo hace 2 años el Dr. Alberto Nallar. Esto se agrava porque las contravenciones están en la nueva Constitución, prevé un tratamiento express y se viola el derecho de defensa”.

Los cuestionamientos también llegaron por parte de la defensa de la funcionaria imputada Noelia Ramos: “el Ministerio de Seguridad deberá explicar los fondos que ingresaban. Desconocemos de donde sale el monto de los 500 mil millones, la investigación está en curso, se hicieron presentaciones. La próxima semana quizás haya novedades”, sostuvo el abogado Patricio Sarzuri. Así también deslizó “en el proceso de investigación hubo situaciones que se realizaron de manera ilegal en cuanto a la recolección de información y por ello solicitamos nulidad de actuaciones”.

 

Sin control  

Ya corrieron casi 8 años de la recaudación de fondos millonarios con las contravenciones que no fueron controlados ni por el Tribunal de Cuentas en su momento ni por el nuevo organismo Auditoría general de la Provincia. “Acá parece que encubren a funcionarios del gobierno”, dijo Cejas, quien además expuso “aun no puedo acceder a todo el expediente, no puedo ver todas las pruebas, he denunciado las irregularidades. Mi cliente no es empleado público, la defraudación solamente la puede hacer la gente que trabaja en la administración pública. Entiendo que quieren que alguien se haga cargo de esto y no la gente del gobierno”.

Cejas planteó la falta de rendición de cuentas tras el cobro de las “actas contravencionales” implementadas desde el 2016, hecho por el cual Ustarez en principio se tomó una licencia de 15 días -concedida por el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro-, aunque el escandalo derivó en su renuncia el pasado martes, siendo aceptada por el gobernador Carlos Sadir.

Pulleiro trató de despejar las sospechas sobre el intento de encubrir a funcionarios y dijo “si hay responsables de la gestión anterior o si se debe ampliar la investigación a otro juzgado o a otros funcionarios dentro del Juzgado, se hará. Se ha puesto todo a disposición. No vamos a encubrir a nadie”.

 

Juzgados para recaudar

 

Los juzgados contravencionales, desde la gestión de Morales, fueron eliminados de la órbita del Poder Judicial. El 1 de enero de 2016 empezó a regir el Código Contravencional aprobado en la gestión de Eduardo Fellner y fue el instrumento que usó el radical para disciplinar y perseguir a dirigentes sociales como Milagro Sala y opositores a su gobierno. A Sala la condenó a pagar una multa por encabezar un acampe de protesta y avanzó con proscribirla durante tres años en su condición de dirigente social. Luego ese juicio quedó anulado.

El Código Contravencional fue cuestionado en el 2014 por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, por la falta de participación antes de la sanción. Advertían que era una herramienta parar criminalizar la protesta social, aun así, fue aprobado.

La creación de los juzgados contravencionales delegó poder a la policía de la provincia para realizar contravenciones millonarias a dirigentes sociales, políticos, vendedores ambulantes, familiares víctimas de femicidio, estudiantes, comunidades indígenas, comparsas, empresarios, comerciantes, artistas callejeros principalmente por entorpecimiento de la vía pública, además de los controles viales. en el jujeñazo, en junio del 2023 se hicieron cientos de actas, convirtiéndose en una caja de recaudación para el Ejecutivo.

El valor de las multas económicas por contravenciones, tienen rango constitucional, limita la protesta social. Las contravenciones tienen la vocación de criminalizar los reclamos y manifestaciones, pero también la posterior estrategia para omitir la instancia judicial con su respectivo derecho a defensa propia. De este modo, el gobierno provincial se vuelve juez y parte para señalar a tal o cual como contraventor.

Gabriela Cabezas docente y dirigente gremial de la lista Naranja de ADEP, en febrero denunció a Ustárez Carrillo, a Laura Erazo, al oficial principal Mamaní y a la Cabo Cisneros en la seccional 33 de Alto Comedero. Al respecto señaló “llevaron un acta contravencional armada a Guillermo Duarte donde me hacen figurar como testigo y ese día a las 10:40 me citan con mis datos personales en esa acta y yo a esa hora estaba en Itatí” detallo la afectada que se encontraba fuera de la provincia. “Cualquiera puede usar tus datos en el Contravencional y armarte una causa. Esa manera de proceder no corresponde”, enfatizó la docente, ante las irregularidades.

Las contravenciones a docentes de ADEP comenzaron en enero, en el marco de la permanencia por la situación de acefalía del gremio. “A un compañero lo apretaron cuando se presentó al negociador de la policía, dijeron que eran 300 millones y se la bajaban a 500 mil pesos, se la podía financiar con la tarjeta de crédito y terminó pagando 150 mil pesos, plata que juntamos con compañeros”, relató la docente. “Nos parecía injusto que se solucione así, porque mi compañero no hacía nada malo y para evitar pagó”.

La recaudación y rendición de cuentas no está registrada, apenas un informe de causas y expedientes tramitados en el juzgado Contravencional N°1 elaborado por Ustárez Carrillo dirigido a la dirección de Transparencia y Gobierno Abierto. En ese informe solo se detalla actuaciones del Contravencional N°1 de 37.913 expedientes. En cuanto al manejo y destino de fondos dice: “No se encuentra a cargo de este Juzgado, por lo que deberá ampliar información con la DGA Ministerio de Seguridad” detalla escuetamente.

En tanto que los Juzgados 2 y el 3 a la fecha no tienen ninguna presentación.

Las multas dependen el artículo del Código Contravencional respecto a la cantidad de unidad valor de combustible, también puede ser trabajo comunitario o prisión.  Aunque los fondos recaudatorios no están registrados.



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