Sobreseimientos a ex funcionarios por la causa Caspalá, la querella apelará la sentencia

Pese a no haber ningún edificio construido y haberse reconocido que el gobierno de Morales obró de mala fe respecto la destrucción de la cancha comunitaria en Caspalá, la justicia sobreseyó a ex funcionarios, fallo que la querella apelará.

En la audiencia de control que se realizó este miércoles, la jueza federal María Catalano consideró que la maniobra llevada a cabo en el pueblo de valle de altura no correspondía a ningún delito, por lo que libró de culpa a la ex ministra de Educación, Teresa Bovi, además de ex comisionado de Caspalá, Natividad Apaza; a los arquitectos de la cartera educativa José Raúl Torres y María Victoria Martínez Fascio; a la asesora legal del Ministerio de Educación, María Cecilia Rotondo y al asesor de Fiscalía de Estado, Diego Montenovi.

Las imputaciones que afrontaban eran fraude a la administración pública, falsedad ideológica y uso de documentos falsos, todo ello derivado de la documentación apócrifa que presentó el Estado provincial ante el nacional para obtener fondos para construir una escuela que se iba a erigir en la cancha comunitaria. La obra no se realizó por el conflicto con la comunidad, aunque el Ejecutivo jujeño sí recibió 43 millones de pesos (de un total de 93 presupuestados), de los cuales nada se sabe su destino. Asimismo, la provincia, en la documentación presentada, indicaba que no había comunidades indígenas en el lugar, uno de los puntos que exigía el Estado nacional en los criterios de elegibilidad del lugar.  

La resolución favorable a ex funcionarios -algunos pasaron a ocupar otros cargos- no impide que finalmente la comunidad obtenga algo de justicia, la querella apelará la sentencia, en un proceso que se alarga por las múltiples presentaciones que hizo el la Fiscalía de Estado de la provincia para que la causa recaiga en juzgados provinciales y no federales, en una maniobra de lograr la impunidad.

Los hechos se comprueban a la vista: la escuela no existe, la cancha comunitaria sigue sin ser remediada (pese al acuerdo que alcanzaron las partes) y el dinero no está.

El rechazo de la comunidad a que se ubique allí la edificación se debió a que la cancha era el punto de encuentro, no solo cultural y deportivo, sino también de refugio ante el movimiento sísmicos. Sin entender eso, el gobierno de Morales ordenó a la Legislatura (a sabiendas que contaba con la mayoría numérica) a expropiar parte de la finca familiar Cruz Mojoya para construir el espacio recreativo. La solución, terminó por abrir un nuevo freno: allí, con la presencia de maquinaria pesada para remover el suelo, se descubrió un antigal, por lo que nuevamente se paralizó la obra.

Tras idas y vueltas, casi dos años después de la brutal represión al pueblo de Caspalá, la jueza federal Carina Gregoraschuk daba por cerrado el acuerdo entre el gobierno radical y la comunidad, donde el Ejecutivo se comprometía a remediar la cancha ancestral y la finca. El plazo era de 30 días. Hasta la fecha, todo sigue igual.