En las últimas horas, el gobernador Carlos Sadir celebró en sus redes sociales la visita del papa León XIV y destacó su llamado a “buscar consensos, respetar los disensos y apostar por la educación”, llegando incluso a reivindicar la idea de una Argentina “donde nadie quede afuera”. Sin embargo, las intenciones vertidas en el plano virtual chocan de frente con la cruda realidad que atraviesan miles de trabajadores y trabajadoras en la provincia.
Resulta contradictorio hablar de "respetar los disensos" mientras la respuesta oficial hacia la docencia y el sector público ante cada reclamo de salario digno sea el castigo administrativo y los descuentos masivos. Asimismo, el mentado "consenso" se desdibuja cuando las paritarias se reducen a convocatorias esporádicas donde funcionarios imponen porcentajes unilaterales que ni siquiera logran recuperar el terreno perdido frente a la escalada inflacionaria. El diálogo no puede ser una mera consigna para las redes sociales mientras se criminaliza o sanciona el derecho a la protesta.
La realidad desmiente el relato oficial
Por otro lado, la afirmación del Ejecutivo provincial sosteniendo que los salarios estatales le han ganado a la inflación se estrella contra la economía diaria de las familias jujeñas. Basta repasar los recibos de sueldo y contrastarlos con el costo de la Canasta Básica Familiar para evidenciar la brecha.
Mientras el Gobierno exhibe estadísticas optimistas, la docencia, los profesionales de la salud y la administración pública ven cómo sus ingresos se deterioran, impulsando un creciente endeudamiento familiar para llegar a fin de mes. Si los salarios realmente hubieran superado la inflación, la necesidad de salir a las calles a reclamar aumentos no sería una constante.
Sintonía con el poder económico y el ajuste nacional
Lo que el Ejecutivo sí aplica con convicción es la parte del discurso orientada a la conciliación con los grandes grupos concentrados. En abierta sintonía con las políticas del presidente Javier Milei, el gobierno provincial mantiene abiertas las puertas para el diálogo y los beneficios hacia los sectores mineros, el complejo Ledesma y las grandes patronales, mientras impone salarios de pobreza a quienes sostienen los servicios esenciales de la provincia.
Bajo este panorama, la apelación abstracta al "consenso" funciona como una exigencia de resignación para las mayorías trabajadoras y de reconciliación con quienes se benefician del ajuste. Los sectores populares, las mujeres y la juventud golpeados por la precarización y los despidos no demandan discursos de unidad con los sectores concentrados, sino respuestas concretas a sus necesidades vitales.
Predicar con el ejemplo y la perspectiva de las mayorías
Antes de utilizar la figura papal para discursear sobre el diálogo, la gestión provincial debería comenzar por predicar con el ejemplo: suspender los descuentos a los docentes, garantizar ingresos que cubran el costo real de vida y entablar una negociación paritaria genuina con los trabajadores de la educación, la salud y la administración pública. No existe consenso viable cuando una de las partes utiliza el poder del Estado para imponer salarios de miseria y sancionar el reclamo.
Ante el plan de ajuste ejecutado de forma coordinada entre el Gobierno nacional y sus aliados provinciales, la salida no pasa por conciliar los intereses de quienes viven de su trabajo con los de quienes se enriquecen a costa de ese esfuerzo. La única perspectiva favorable para las mayorías trabajadoras radica en fortalecer la organización independiente de trabajadores, jubilados, mujeres y jóvenes, coordinando las luchas en las calles y abriendo paso a una alternativa política propia de la clase trabajadora.
