Corrupción en el Juzgado Contravencional, torturas al único detenido en la causa que salpica a Morales

Una prueba que el juez Rodolfo Fernández apartó de la causa que apunta a esclarecer el destino de más de 500 millones de pesos por actas contravencionales, prueba que aportó Matías Yebara, el único imputado que llegará al juicio detenido y que nombró a Gerardo Morales, entre otros funcionarios, implicados.

“Un juicio que se está viciado totalmente de nulidades que se pueden apreciar tanto en la parte judicial como también en la parte procedimental”, apuntó Yebara, acusado de ser jefe de una asociación ilícita, carátula que se llegó luego que la Fiscalía tomará su declaración como testigo arrepentido. Por aquel entonces, quien comandaba el MPA era Sergio Lello Sánchez.

La declaración de Yebara fue grabada, registro fílmico que su defensa pidió, pero que el juez Rodolfo Fernández se negó a entregar hasta la fecha, siendo que este jueves inician las audiencias.

Tal como sostuvo el detenido, esa misma declaración se utilizó para cambiar la imputación de miembro a jefe de la asociación ilícita: “tomaron mi declaración no para hacer el convenio que habíamos planeado, sino para cambiarme la imputación y hacérmela un poco más severa”, por lo que cuestionó “cómo yo voy a poder ser el jefe de una asociación ilícita donde involucra una institución del gobierno, si yo nunca pertenecía a esa institución, yo nunca fui funcionario del Juzgado Contravencional”.

Partícipes de la asociación ilícita

“Todo esto es una farsa”, sostuvo Yebara respecto al juicio, del cual ya advierte que será condenado. La sentencia se firmó cuando en aquella declaración expuso nombres de los implicados, como Gerardo Morales, su ministro de Seguridad, Guillermo Corro, su par de Ambiente, Inés Zigarán, pero también el legislador Adriano Morone.

“El juez contravencional Ustarez Carrillo, el ministro de ese momento, Corro, el gobernador, son los que tenían el lineamiento para hacer y deshacer todo lo que se quería dentro del Juzgado Contravencional, yo no tenía firma para pasar un expediente archivo”, explicó, desmarcando su rol de jefe de la asociación y ejemplificó “yo no podía hacer un remate de 200 motos y entregar la moto a cada persona. Yo no podía hacer el remate de más de 150 animales. Todo eso lo hacía el ministro de Seguridad, el gobernador, el juez contravencional con anuencia de la Dirección General de Administración”.

Y recordó “yo denuncié estas cuestiones y a los tres días, el doctor Lello Sánchez, me notifica a mí en el Servicio Penitenciario que los expedientes pasan archivo, ni siquiera investigó”, apuntando al encubrimiento de funcionarios, que también salpica a Fiscalía de Estado.

“El expediente, una vez que no se pagaban en el juzgado, dice la ley, se pasaba a Fiscalía de Estado. Una vez que pasaba Fiscalía de Estado, Fiscalía de Estado tenía que hacer el juicio de apremio. ¿Pero qué hacían? lo devolvían a los expedientes para que paguen en el juzgado contravencional”.

Ese trámite de “retirar las donaciones” la hacían “tres diputados que iban a buscarlo o, casualidad, que uno de los diputados ahora es miembro del Consejo de la Magistratura y es candidato a una de las principales intendencias de la provincia. Y tengo las fotos, las pruebas de los números de expedientes que él firmó con las donaciones”, en alusión a Adriano Morone, el ungido de Morales para disputar la municipalidad capitalina.

“Yo nunca tuve rango dentro del jugado contravencional, nunca pude decidir sobre las cuestiones de derecho y procedimentales de un expediente, la ex ministra de Ambiente y ahora diputada nacional sabe muy bien de lo que estoy hablando, ella es la que hacía por parte de su ministerio y su alterno las infracciones dentro de la provincia cuando no tiene potestad para hacer la infracción”, así, la mediación la realizaba la Policía de la provincia. “Infracciones que se hacen por parte de la policía pasan al departamento contravencional, hacen una imputación que quieren decir que son como fiscales contravencionales. Pero esto nunca lo hacía la ministra, la ministra solamente tomó al Juzgado como un ente recaudador de dinero”, sin embargo, Yebara apuntó que ese dinero ingresó directamente al Ministerio, sin pasar por la DGA.

Estado de indefensión

Con comunicaciones que son interceptadas, control de las llamadas a sus familiares y posteriores sanciones, Matías Yebara expresó “en Jujuy el estado de derecho no existe, me encuentro en un estado de indefensión absoluta, me encuentro como si estuviera en una dictadura aquí en el Servicio Penitenciario”, advirtiendo que en varias oportunidades quiso comunicarse con la prensa y se le impidió, aún cuando no se encuentra incomunicado.

Las sanciones y el control, tal como sostiene Yebara, responde a que el jefe del Servicio Penitenciario también se llevaba parte de lo recaudado, “sabe muy bien cómo se hacían las cosas en el Juzgado Contravencional, ya que él era parte de esto, no podía desconocer qué es lo que hacía su alterno” y relató “por eso no quiere que yo hable, por eso el jefe del Servicio Penitenciario me lleva sancionado cada vez que agarro el teléfono oficial que me dan acá para poder comunicarme, por eso tengo dos celadores al lado mío cada vez que yo quiero hacer una conversación”.

Además de las sanciones, Yebara también denunció haber recibido vejaciones y torturas. “Me llevaron sancionado la otra vez por querer hablar con mi hermana, por querer hacer una grabación, me tuvieron veinticuatro horas incomunicado, no pude saber ni de mi familia, ni mis abogados, me metieron a la celaduría en el lugar donde no hay cámara de seguridad, me hicieron vejaciones, tortura y cualquier otro tipo de amenaza para que yo no hable”, por lo que advirtió “cualquier cosa que suceda con mi persona dentro del Servicio Penitenciario hago responsable al ministro de Seguridad, al jefe del Servicio Penitenciario, al gobernador y a todos los directivos que se encuentran a cargo de mi cuidado”.