En la madrugada de ayer fue detenido Franco Matías Javier Oscari, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), en un violento operativo de la Policía Federal en el Paraje Las Goteras, departamento Santa Bárbara. Fue trasladado a la Delegación de la Policía Federal en la capital jujeña donde permanece detenido y durante esta mañana será imputado. Las abogadas defensoras del joven solicitaron la libertad y denunciaron la arbitrariedad.
La orden partió del Juzgado Federal de Buenos Aires a cargo de Ariel Lijo, por supuestas amenazas a Patricia Bullrich por redes sociales, informó la abogada María José Castillo que relató “la gente del pueblo vio camionetas sin patente en la zona días antes y sintieron miedo por otras situaciones que hacen al territorio. Hubo un despliegue de fuerzas en la zona. Franco es un joven formado y no hay motivo para la detención. El operativo policial con armas, allanamiento en la madrugada implantó el terror, la orden de detención dice a las 8 horas y entraron a las 5 de la madrugada”.
En cuanto a la detención del joven dijo que “está tranquilo Franco, abogadas lo vieron está bien, no fue maltratado, confiamos que recupere su libertad. La orden pasó por el juez federal de Jujuy que instrumentó la orden de detención que llegó de Buenos Aires”, señaló la abogada describiendo la situación que sorprendió a las familias campesinas que viven hostigamiento judicial.
Oscari y su familia, los Zenteno Palma, vive hace 40 años en el paraje, una geografía compleja para llegar y hace 10 años son amenazados de un desalojo en una zona que tiene un conflicto con una minera en la justicia provincial.
Gloria Mamaní, activista y dirigente del MNCI indicó “no sabemos el motivo de la detención, el operativo llegó y apuntaron a la familia con armas” relató.
Por su parte, Castillo reivindicó el derecho de las comunidades rurales “a vivir y trabajar en sus territorios sin temor a la persecución, la estigmatización ni el uso desproporcionado de mecanismos represivos. La respuesta a los conflictos sociales y territoriales debe construirse sobre la base del diálogo, el respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales", apuntó.
Asimismo, la letrada exigió garantías plenas de respeto al debido proceso, el derecho de defensa y la libertad personal de Franco Oscari y “que la Justicia actúe con absoluta imparcialidad frente a los hechos acontecidos”.
“Cuando un conflicto territorial se judicializa y la respuesta es una detención antes del amanecer, la preocupación ya no es solamente jurídica: es también democrática” afirmó.
Desalojo suspendido
El lunes se suspendió el desalojo “la madre de Franco firmó un amparo junto a otros vecinos contra la minera de cobre”, que intenta instalarse en Palma Sola.
Se trata del proyecto minero ‘Martín Bronce’”, el grupo Mom Mining se presenta como “una empresa minera jujeña enfocada en el desarrollo, exploración, potenciación y operación de proyectos mineros" e informa que surgió en 2020 para “la puesta en marcha de la Mina Martín Bronce”.
La firma detalla que forma parte del Grupo Villanueva, constituido por las empresas Villanueva e Hijos, Valerza, Briomodo, Imanta, Propay y Villanueva Servicios Mineros, y que actualmente “cuenta con tres proyectos mineros radicados en la provincia de Jujuy: Martín Bronce, La Auxiliadora y Lupe”. Estos dos últimos son yacimientos de oro aluvional. Además, generó “un Joint Venture (una asociación temporal) con la Planta Serranías ubicada en Iquique", Chile.
El 17 de abril, día internacional de la lucha campesina, un grupo de vecinas y vecinos de la localidad de Palma Sola, en el departamento Santa Bárbara de la provincia de Jujuy, presentó una acción colectiva de amparo ambiental contra el Estado provincial jujeño por “las graves irregularidades en la autorización del proyecto minero ‘Martín Bronce’”, de la empresa Mom Mining SRL (MOM), de capitales jujeños, contra la que también va el amparo.
La acción, ante el Juzgado Ambiental de Jujuy, es impulsada por 13 vecinos y vecinas pertenecientes a distintos sectores: campesinado, docentes, trabajadores de la salud, comerciantes y jubilados. Todos coinciden en que dependen del bosque, el agua y la tierra para su vida, su cultura y su subsistencia.
Todos estos bienes serían afectados por el proyecto minero, que se ubica en una zona de alta biodiversidad y bosques nativos protegidos, en los que “ya se han constatado desmontes, daños a cursos de agua y afectación de especies en peligro, con impactos actuales y potencialmente irreversibles”.
