JUJUY

Denunciaron desalojo y despojo

Comunidades desmienten al gobierno de Morales sobre el supuesto ordenamiento territorial en Caspalá

Autoridades desconocen la propiedad comunitaria al señalar que las tierras fueron donadas al Estado provincial. El terreno de la cancha en conflicto no está incluida dentro de esa donación, por lo que deja demostrado que el avance es ilegal

Comunidades desmienten al gobierno de Morales sobre el supuesto ordenamiento territorial en Caspalá

 

 

El gobierno de Gerardo Morales trata de cubrir la ilegalidad sobre el avance perpetrado en contra de la comunidad indígena kolla de Caspalá aduciendo argumentos que integrantes de ese pueblo consideran falsos, por lo que salieron a desmentir la versión oficial.

Ayer, el sitio gubernamental Prensa Jujuy publicó las declaraciones que realizó el Secretario de Ordenamiento Territorial, Humberto García sobre la supuesta “regularización” de las tierras en el pueblo de Valle Grande, reconocido como uno de los más bellos del mundo.

Dentro de los argumentos, el funcionario apuntó a una donación que se hizo en 1909 a la provincia de unos 7 mil metros de tierras al Estado provincial, motivo por el cual, según sostuvo el radical, impide que se trate de tierras comunitarias.

Frente a esta versión, la Asamblea de Comunidades Libres de Jujuy salieron a desmentir los fundamentos esgrimidos por el gobierno de Morales, además de señalar que lo que se lleva a cabo en Caspalá es nuevo desalojo a las comunidades indígenas.

“Todas las instituciones del Estado Jujeño elaboran tramas y acciones destinadas a quebrar la moral de la Comunidad de Caspalá y a lograr los objetivos propuestos. En tal camino y en los últimos días, dos funcionarios de origen aristocrático han entrado en acción”, indicaron en un comunicado haciendo referencia a la Directora de Patrimonio Valentina Millón Campero respecto a la “incursión inconsulta en el Antigal de Caspalá”, como así también sobre Humberto García Bárcena, Secretario de Ordenamiento Territorial.

Fueron precisamente las expresiones de García que la Asamblea salió a desmentir. Lo que la versión oficial nombra como “proceso de regulación de tierras”, las comunidades consideraron que es un “proceso de despojo y desalojo de indígenas” en Caspalá.

“Bárcena -por el Secretario de Ordenamiento Territorial- esgrime una trama de mentiras y datos falsos, además de afirmaciones jurídicas descabelladas y ridículas, que no hacen más que reflejar la actual situación de injusticias y racismo del Estado Jujeño hacia los indígenas de Caspalá”, indicaron.

En ese sentido, la Asamblea respondió sobre la “falta de solicitud formal” para que las tierras sean adjudicadas de forma comunitaria (tal como sostuvo el funcionario) y detalló que “la Comunidad de Caspalá tiene personería jurídica con croquis de ubicación y tiene prioridad para ser relevada territorialmente mediante el programa Re.Te.C.I (ley 26.160 y sus prórrogas), el cual certifica la posesión actual, tradicional y pública de comunidades indígenas. Lo que no dice Bárcena es que la Ministra de Pueblos Indígenas Sarapura impide que se lleve a cabo dicho relevamiento territorial que solicita con urgencia el Instituto de Asuntos Indígenas (INAL) y la Comunidad de Caspalá. Por otro lado, la titulación de tierras comunitarias es una obligación del Estado Jujeño (Art. 75 inc. 17 CN)”.

En la misma dirección, cuestionó sobre el argumento que el Estado provincial recibió una donación de 7 mil metros de tierra por parte de Lázaro Chapor, por lo que ello le impediría que sean comunitarias: “Bárcena miente. Tierras tituladas a nombre de Estado Provincial son usualmente solicitadas en propiedad comunitaria por muchas Comunidades Indígenas en Jujuy. Algunas ya se han titulado como tal. Además, Bárcena ignora los derechos adquiridos y los nuevos derechos (Derechos de Pueblos Indígenas)”.

Sobre ello, además aclararon “la familia Cruz-Chapor posee sus tierras en el Pueblo de Caspalá con escritura legal de sus ancestros, que por heredad y por ser miembro de la Comunidad Indígena de Caspalá, por poseer y cuidar parte del Antigal de Caspalá ubicado ahí (los restos arqueológicos son parte de la identidad comunitaria) les pertenece y están amparados por el derecho indígena (la propiedad no puede ser enajenable ni transmisible). Bárcena lo ignora”.

Y agregaron “Bárcena omite, a conveniencia o para confundir, dos datos muy importantes en el conflicto de Caspalá. Uno, la tradicional Cancha de Fútbol de Caspalá no están incluida dentro de la donación de Lázaro Chapor ni pertenecen al Estado Provincial ni Municipal. Otro, para llevar a cabo el procedimiento de regulación de tierras en comunidades indígenas, el Estado debe hacer la consulta y consentimiento previos, libres, informados y culturalmente adecuados de buena fe a la Comunidad, y, antes de dicho procedimiento (Convenio 169 de la OIT) y requerir la participación comunitaria (Art. 75 inc. 17 CN). El Estado Provincial de Jujuy no cumplió con ninguno de estos derechos para llevar adelante su cometido. No solo violó derechos, sino que persiste en tal error”.

Por último, se refirieron sobre la llegada este lunes de Gerardo Morales a Caspalá: “hoy, el Gobernador entrará en el Pueblo, luego de dos meses de sitio policial y ante una sociedad local aterrorizada por los métodos medievales del Estado Jujeño. Como buen cruzado, Morales esgrimirá su espada y todo su poderío señorial en las tierras indígenas de Caspalá. Representando intereses capitalistas extranjeros y sus intereses personales en tierras indígenas”.

 



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