Son sendas las denuncias que tiene en su haber el titular del MPA Sergio Lello Sánchez acusado de ejercer violencia de género y laboral, lejos de hacerse cargo de este historial, ayer el fiscal general encabezó el primer encuentro del Consejo Asesor Ad Honorem de la ley Iara.
La reunión se concretó en el Hotel Howard Johnson de la capital jujeña y tuvo como objetivo definir las acciones para prevenir y erradicar la violencia de género y diversidad durante el 2023-2024.
De hecho, la ley que declaró la emergencia en violencia de género en Jujuy hace 2 años atrás, entre sus artículos establece que dicho consejo tiene como función la de “asesoramiento permanente y participación en la elaboración de un Plan Estratégico para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y Diversidad” (art. 18).
Bajo la órbita del Consejo Provincial de la Mujer, el Consejo Asesor Ad Honorem se completa con la participación de otras organizaciones de mujeres feministas y el Movimiento de Mujeres y del Colectivo LGBTIQA+, Sindicatos, representantes de Instituciones Públicas, representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y Municipalidades y Comisiones Municipales.
En representación del poder Judicial, fue el fiscal general, Sergio Lello Sánchez y el fiscal especializado en Violencia de Género, Alejandro Atilio Bossatti, quienes estuvieron presentes y expusieron los protocolos de actuación que posee el MPA respeto a los casos de violencia hacia las mujeres.
Protocolo que evidentemente no se lleva a cabo dentro de la dependencia. A modo de ejemplo, hay que recordar el pedido que realizó el propio Lello Sánchez para despedir a una abogada -Agustina Aramayo- que lo había denunciado por violencia laboral, hostigamiento y violencia de género.
A pesar de ello, la titular del Consejo de la Mujer, Alejandra Martínez no se expidió sobre el tema que fue parte de la agenda mediática jujeña por la gravedad de las acusaciones.
Lo mismo ocurrió ayer, donde no hubo ningún tipo de objeción a la presencia de Lello Sánchez.