JUJUY

El operativo incluyó la destrucción de huertas y su producción

Condenan el desalojo ilegal de la comunidad Tusca Pacha en Palpalá

La agrupación sindical ATE verde y blanca junto con ANDHES manifestaron su total repudio al accionar violento del gobierno de Morales al que acusan de abuso de poder para arremeter contra tierras comunitarias y detener a una integrante

Condenan el desalojo ilegal de la comunidad Tusca Pacha en Palpalá

 

Horas de angustia debieron vivir familias de la comunidad Tusca Pacha en Palpalá en el día de ayer, cuando desde temprano fueron víctimas de un desalojo ilegal, hecho que originó una nueva condena contra la política represiva de Gerardo Morales.

Fue la agrupación sindical ATE verde y blanca junto con ANDHES - Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales- las que se encargaron de repudiar la actitud tomada por el Ejecutivo provincial, a la cual catalogaron de “abuso de poder”.

El comunicado expresa:

En el día de ayer, el gobierno de la provincia de Jujuy, volvió a cometer un abuso de autoridad en contra de la comunidad de Tusca Pacha de los Alisos de Palpalá y en favor de los intereses económicos de funcionarios-empresarios.

A través del fiscal Walter Hugo Rondón y el ayudante de fiscal Martín La Villa y apoyados por decenas de efectivos de la policía de la Provincia, se realizó un nuevo desalojo de una comunidad originaria, se destruyó el trabajo la producción de huertas, de alimentos de la comunidad y se detuvo a la compañera Rosa Gutiérrez, por defender el derecho comunitario y reclamar la orden para semejante atropello.

Una vez más, el interés económico de una empresa de funcionarios, en este caso la empresa Sucre y el funcionario Javier Gronda, pasan topadoras sobre los derechos de la comunidad, derechos por ser originarios, por estar desde hace muchas décadas viviendo, trabajando y cuidando el lugar, todo eso protegido por acuerdos de la OIT, la Constitución Nacional, leyes y acuerdos nacionales; además de la vigente ley nacional 26.160 (de emergencia de posesión y tenencia de la tierra de comunidades indígenas) y el Protocolo para el Abordaje en Conflictividades de Tierras y las Comunidades Indígenas del Ministerio Público de la Acusación

Esta situación ya había ocurrido en octubre del 2020, también con detenciones y abusos por parte del gobierno y en la actualidad está judicializada y sin resolución. Sin embargo, el gobierno de Morales y/o la empresa Sucre utilizaron los servicios del cuestionado fiscal Rondón y la policía provincial para violentar derechos, destruir el trabajo de una familia y avanzar en los negocios de funcionarios-empresarios

Por tal motivo, exigimos el cese de los abusos y atropellos a la comunidad Tusca Pacha, el respeto de los derechos de los Pueblos Originarios y Campesinos, la reparación del daño ocasionado a la familia Maraz por la empresa y el gobierno.

Asimismo, exigimos el cese de la persecución judicial a quienes no se dejan avasallar y reclaman, como es el caso de Rosa Gutiérrez quien, si bien ya fue liberada, quedó imputada por defender sus derechos.

Nos solidarizamos con la comunidad Tusca Pacha condenamos el accionar del gobierno y la empresa Sucre.

 



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