Hoy desde las 7, comenzó sorpresivamente y en plena feria judicial, un desalojo ilegal avalado por el fiscal Walter Hugo Rondón y el ayudante de fiscal Martín Andrés Lavilla con la presencia de numerosas máquinas enviadas por la empresa Sucre y numerosos efectivos de la Guardia de Infantería.
Un desalojo similar ocurrió en octubre del 2020, también con una impronta del estado provincial contra la comunidad campesina indígena. El terreno lo disputan con una inmobiliaria que quiere instalar un parque industrial.
Ante la presencia de máquinas en el territorio, los vecinos alertaron y tras el intento de desalojo y represión se detuvo esa maniobra de la empresa, porque el hecho esta judicializado y no hay orden judicial.
La abogada Natalia Peñaloza expresó que “la policía se presentó con una orden vieja del 2020 argumentando que estaban autorizados para limpiar el terreno. Es increíble que se haga una cosa así cuando esto esta judicializado. El expediente no avanzó, está quieto. Esta situación está enmarcada dentro del decreto de necesidad y urgencia la 26160, el convenio 69 de la OIT, el art 17 de la Constitución Nacional que reconoce la preexistencia de los pueblos y suspende cualquier tipo de desalojo. No solo los judiciales, sino los administrativos y los extrajudiciales. Si bien se frenó el desalojo, las maquinas se fueron, se habló con la policía, aunque Sucre quiere avanzar. Sí, vamos a presentar medidas preventivas” adelantó la letrada.
La empresa comenzó el avance de hecho sobre territorio comunitario donde se venían realizando tareas de siembra y preparación del suelo, de manera prepotente y sin presentar ninguna orden.
La comunidad Tusca Pacha en un comunicado expresa que “Ante el intento de evitar la destrucción, fue inmediatamente detenida la hermana y compañera Rosa Gutiérrez, que se encuentra en la Comisaría 51 de Palpalá. Las máquinas han continuado su destrucción de lo que la Comunidad Tusca Pacha y la familia Maraz han limpiado, trabajado y cuidado por décadas”.
Recordamos que la empresa Sucre cuenta con constante apoyo ilegal del Poder Ejecutivo provincial pues, uno de sus integrantes y antiguo representante legal es el Secretario de Asuntos y Relaciones Municipales Javier Gronda. Recordamos también que el fiscal Rondón fue designado recientemente con la oposición de todos los legisladores no oficialistas pues tenía, siendo abogado, numerosas denuncias de violencia de género y delitos económicos. Para realizar maniobras ilegales como la de hoy es que lo quería en ese puesto el Gobierno Provincial.
Por último, la Ley Nacional 26160 y el Protocolo para el Abordaje en Conflictividades de Tierras y las Comunidades Indígenas del Ministerio Público de la Acusación siguen vigentes y hoy el Fiscal Rondón, el Ayudante Lavilla, la Policía de Jujuy y la Empresa Sucre los están violando.
“Exigimos que se frene este desalojo ilegal y retrocedan las máquinas de la empresa Sucre. Exigimos la inmediata libertad de Rosa Gutiérrez”.
Gutiérrez esta demorada en la seccional policial, ella ya estuvo detenida violentada en el desalojo anterior.