Denuncia penal por el violento desalojo a la comunidad de Santa Rosa, una mujer perdió su embarazo

Un operativo de desalojo que se convirtió en una cacería: el pasado 10 de agosto un centenar de efectivos policiales concretó la orden del juez Juan Pablo Calderón para despojar a familias de la comunidad indígena de Santa Rosa en Humahuaca, operativo que terminó con comuneros heridos, menores sustraídos de sus hogares y una mujer que perdió su embarazo. El accionar deberá ser investigado tras la denuncia penal presentada en la jornada del lunes en la fiscalía del MPA:

Fueron las abogadas Mariana Vargas y Alejandra Cejas quienes junto a las víctimas dieron detalles de lo que ocurrió esa mañana. “Entre las personas heridas se encuentra Claudia Mamaní, quien recibió un disparo de bala de goma en el rostro y, como consecuencia, perdió su embarazo”, señaló Vargas en conferencia de prensa y apuntó “la brutalidad de la represión tiene que ser investigada y garantizarse que se impute a quienes deben imputarse porque esto fue criminal, acá hubo un crimen o varios”. La denuncia penal también incluye a la Secretaría de Asuntos Indígenas por no hacer cumplir con los derechos de las comunidades.

“Nosotros, estando en el lugar, éramos menos de 20 personas” detalló Yolanda Soruco, una de las comuneras que fue detenida ese día. Y agregó “un centenar de policías, sin mediar palabras, empezaron a disparar y a tirar gas lacrimógeno y a donde yo, estando al frente, obviamente fuimos a ver, a asistir a la familia que era la familia que, a ver a los menores y eso, que iba a ser la familia desalojada”.

El operativo, violento y desmedido incluyó el ingreso a viviendas que no estaban dentro de la orden de desalojo y donde niños junto a personas adultas fueron a guarecerse. A pesar de ello, efectivos igualmente lanzaron gases lacrimógenos e ingresaron allí sin autorización judicial alguna.

En ese sentido, Florencia Saiquita, la mujer que trató de resistir el avance de Infantería con su Whipala, recordó “me empezaron a empujar hasta que me hicieron cruzar, era impresionante lo que tiraban las balas de goma, me fui por el fondo, entré a una casa, por detrás mío también fue una señora y un policía, nos empujó y nos tiró a la casa, rompió el vidrio de la ventana y tiró gas lacrimógeno, ya había niños ahí y empezaron a llorar y todos a vomitar, fue terrible”. Para la mujer, los efectivos “tiraron a matar”.

Uno de los heridos a la mansalva de disparos fue Marcos Orozco, uno de los disparos quedó marcado debajo de uno de sus ojos. También recibió en el brazo con el que protegió su cara y en la cabeza. También en la espalda. Aún con el cuerpo marcado, recuerda a cómo fue que Claudia -la mujer que perdió el embarazo- fue agredida. “Ella no estaba en el lugar en el que se estaba produciendo el desalojo, sino que estaba en su casa, cuando empiezan a llorar los chicos ella sale para ver cómo buscaba a su hermana, en eso se cruza un policía, el policía la detiene y ella levanta las manos y cuando levanta las manos le disparan”.

Para Orozco, la única explicación que tiene el operativo es el disciplinamiento de las comunidades originarias: “no les importó si había niños, si había adultos o qué es lo que había adentro”.

Por su parte, Alejandra Cejas recordó la repetición de las represiones con heridos en la cara y subrayó “hace un tiempo atrás se viene haciendo de manera metódica” y cuestionó “se han pedido ya los protocolos para que las fuerzas de seguridad informen de qué manera tienen que accionar cada vez que se hace un operativo, porque imaginémonos que cada vez que se hace un operativo judicial en cualquier lugar de la provincia empiezan a disparar a los terceros ajenos”. Para la abogada, policías jugaban “tiro al blanco” con comuneros y comuneras y disparaban a todo lo que se moviera.

La ampliación de denuncia se realizó en la capital jujeña, Cejas consideró que en Humahuaca “no está asegurada la integridad física, no está asegurada la integridad de testimonios, no está asegurada la integridad incluso en temas de salud”, en relación a los testimonios de las víctimas que señalaron que ese mismo día agentes del SAME no se acercaron a donde estaban las personas heridas.