Labor comunitaria y 3 millones de pesos, el resarcimiento de Miguel Ángel Rivas por la causa de violencia de género

A pesar de haber reconocido la responsabilidad de los hechos, la defensa de Miguel Ángel Rivas apuntó a una maniobra para que el ex funcionario provincial lograra un manto de impunidad respecto al juicio por violencia de género que le inició su ex pareja, Fabiana Checa: su abogado pidió no iniciar el debate oral y público a cambio de obtener una condena de 3 años de ejecución condicional, el resarcimiento económico a la víctima y la realización de tareas comunitarias.

Fue en la última audiencia que se desarrolló en el Juzgado de Control donde la defensa pidió la suspensión del juicio, tras el reconocimiento del ex fiscal de Estado de haber agredido a su ex pareja, denuncias que la mujer venía realizando desde 2006. El tormento duró 18 años. Recién en 2024, Rivas fue imputado por los delitos de lesiones graves, agravadas por el vínculo y convivencia; amenazas y violencia de género, familiar y doméstica. Bajo esa caratula, Rivas podría llegar a obtener una pena de hasta 10 años de prisión. Según indicó la víctima, el ex funcionario, en una de las agresiones cometidas, le fracturó el coxis y, como consecuencia, no pudo volver a tener hijos.

Asimismo, dentro del expediente figura como prueba una veintena denuncias penales y certificados médicos que constatan las lesiones. Incluso, Rivas amenazó de muerte a la mujer a través de mensajes: “en un segundo te hago desaparecer”, indicó el ex fiscal de Estado en uno de los textos.

Checa y su abogado esperan desde febrero de 2025 que se inicie el juicio oral y público, momento en que el MPA dio por finalizada la investigación penal preparatoria. Así, la primera audiencia debió concretarse en julio. A fines de ese mismo año, Rivas ya imputado y con medidas de restricción, volvió a tener contacto con Checa a través de líneas telefónicas vinculadas a Casa de Gobierno y desde su estudio jurídico, por lo que Martín Palmieri -abogado de Checa- pidió su detención.

Tras la dilatación del proceso, el abogado defensor Federico Llermanos, como último recurso, solicitó la suspensión del juicio a prueba, es decir, Rivas reconoce su culpabilidad, obteniendo así el beneficio de una condena de ejecución condicional de tan sólo de 3 años y así evitar la cárcel. Asimismo, apuntó a un resarcimiento económico de tres millones de pesos, a pagar en tres cuotas y tareas comunitarias en una institución pública. Propuesta que fue rechazada tanto por la querella como por la Fiscalía, por lo que la decisión última será la del juez.