Un fallo judicial sin antecedentes recientes encendió las alarmas y abrió el debate sobre la violencia entre pares y el ciberacoso en los establecimientos educativos. A través de una medida cautelar dictada por el Juzgado de Violencia de Género, la Justicia dispuso la protección inmediata de una adolescente que sufría acoso sistemático desde el inicio de sus estudios secundarios, un abordaje de acompañamiento profesional y la notificación formal a las partes para frenar las agresiones en el entorno digital.
El caso tomó curso legal a partir de la representación de la abogada Marta López, quien asistió a la adolescente y a su madre tras un prolongado historial de violencia institucional y escolar. Pese a las múltiples actas labradas en la institución privada a la que asistía la joven, la falta de respuestas efectivas obligó a su familia a trasladarla a un colegio estatal. Sin embargo, el cambio de establecimiento no detuvo la violencia: el ciberacoso continuó a través de entornos virtuales.
"El dolor se tiene que convertir en algo positivo. Más allá de esta medida individual, esto tiene que servir para volver a debatir el tema. Se tiene que dejar de meter todo debajo de la alfombra, sobre todo en los colegios de gestión privada", sostuvo la letrada.
La inacción institucional y el límite de los protocolos
La medida judicial, impulsada ante la gravedad de los hechos manifestados por la familia y la psicóloga tratante, expone las falencias de las herramientas actuales de contención escolar. Aunque el fuero de Violencia de Género inicialmente se declaró no competente en la materia, la urgencia del cuadro derivó en una intervención inmediata junto a la actuación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La resolución judicial destaca por su alcance:
Sin límite temporal: A diferencia de las medidas cautelares ordinarias, la protección no se fijó por un plazo determinado.
Red de acompañamiento: Se dio intervención a organismos estatales para brindar asistencia a la víctima y seguimiento al grupo de agresores.
Obligación institucional: La escuela de origen fue notificada para asumir responsabilidades y activar instancias grupales de concientización.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de desnaturalizar las conductas violentas entre adolescentes, frecuentemente minimizadas por adultos bajo el argumento de que "son cosas de la edad" o "rebeldía juvenil".
Desfinanciamiento de la ESI y la urgencia de escuchar
Uno de los ejes críticos señalados en el marco de la causa es la pérdida de espacios institucionales de diálogo. Las asesorías vinculadas a la Educación Sexual Integral (ESI) y los programas de contención estatal sufrieron un fuerte retroceso tras los recortes presupuestarios nacionales, dejando vacíos los lugares donde los adolescentes solían volcar sus problemáticas.
"La ESI era fundamental porque constituía un espacio donde los chicos podían hablar y decir lo que les pasaba. Las asesorías estaban muy bien armadas, pero al quitarse presupuestos dejaron de funcionar. Son herramientas clave para escuchar", advirtió López.
La abogada remarcó además la vulnerabilidad que atraviesan los estudiantes ante situaciones de discriminación digital y el hiperacceso a redes sociales posterior a la pandemia: "Los chicos no tienen dimensión del impacto que provocan sus palabras. Una publicación en redes es un disparador tremendo. La palabra de los chicos vale ante la ley, pero no los estamos escuchando".
El costo del aislamiento y la responsabilidad colectiva
La retractación social, el encierro y la resistencia a asistir a clase fueron las primeras señales de alerta que llevaron a la madre de la joven a exigir respuestas. Tras el cambio de colegio, la víctima debió iniciar nuevamente un proceso de adaptación social y pedagógica, una consecuencia que la defensa califica de injusta: "Los chicos no pueden andar cambiándose de colegio cada vez que pasa esto".
Actualmente, la adolescente se encuentra estable y acompañada por su entorno y profesionales de la salud. El fallo sienta un marco de resguardo para la comunidad educativa e interpela a las familias, a los docentes y al Estado a construir redes reales de prevención, donde la detección temprana y el control del uso de redes no queden relegados por las exigencias de la coyuntura cotidiana.
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