JUJUY

Denuncian arbitrariedad, estigmatización y criminalización

Derechos Humanos: repudiaron las fajas en las casas y el impedimento de regreso a trabajadores

Tanto la Asamblea Permanente por los DDHH Regional Jujuy como ANDHES manifestaron su preocupación por el accionar del gobierno de Morales durante la cuarentena, donde prima la política punitiva antes que la sanitaria

Foto: captura de pantalla informe COE
Foto: captura de pantalla informe COE

Desde la declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID 19, el gobierno de Morales viene aplicando una serie de medidas que rozan la inconstitucionalidad, y el último ejemplo de ello, es el anuncio de aplicar fajas en los domicilios donde se encuentren casos sospechosos de la enfermedad, hecho que provocó el repudio de organismos de derechos humanos, por considerar que se trata de una decisión “estigmatizante y criminalizante”.

Al respecto, ANDHES (Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales) hizo publico un comunicado donde señala “es una medida totalmente estigmatizante, criminalizante, punitivista, que dista totalmente de la normativa vigente en relación a los derechos humanos de lxs pacientes. En un contexto de crisis sanitaria, esta medida lejos de ser una medida preventiva que brinde cuidado y tranquilidad, recrudece el temor, el pánico, y favorece la construcción de un enemigo interno en la persona contagiada o potencialmente contagiada de coronavirus”.

En la misma dirección, ejemplificó “en nuestro país ya hay antecedentes de escraches en redes sociales a personas portadoras del virus e inclusive se han dado situaciones de repudios a personal de la salud, pidiéndoles que no vuelvan a sus domicilios habituales por temor a los contagios. Las políticas públicas que implemente el Estado en esta situación de crisis deben contribuir a resguardar los derechos de la población y resguardar su integridad física. Cuando hablamos de estrategias de abordaje comunitario en el cuidado de la salud, el enfoque debe ser siempre desde un paradigma de derechos humanos, a fin de potenciar valores de solidaridad y reciprocidad, no podemos traducir esto en un control social por fuera de los estándares vigentes en nuestra democracia”.

Por último, recordaron “en la Argentina tenemos en vigencia dos leyes la 25.326 que establece pautas sobre la PROTECCION DE DATOS PERSONALES y la 26.529 de DERECHOS DEL PACIENTE EN SU RELACIÓN CON LOS PROFESIONALES E INSTITUCIONES DE LA SALUD, estas leyes establecen que no se puede revelar información de un/una paciente, violando la confidencialidad, su privacidad, la intimidad, el secreto profesional, ya que los datos de salud son una categoría sensible y merecen una protección muy rigurosa, por este motivo la divulgación del nombre o de cualquier información de una persona que padezca coronavirus requiere de su consentimiento pleno, libre e informado, el tratamiento de cualquier paciente siempre debe ser respetando su dignidad”.

Comunicado de la Asamblea Permanente por los DDHH Regional Jujuy

Otro de los organismos que también expresó su preocupación por el accionar del gobierno provincial fue la APDH, que además también hizo mención a la situación de los trabajadores jujeños varados en otras provincias.

“En relación al ingreso a Jujuy de lxs denominadxs “trabajadores golondrinas” y trabajadrxs minerxs que se desempeñan en otras provincias, el ejecutivo provincial tomó medidas como la de demorar las autorizaciones para viaje con el supuesto objetivo de tener preparados hoteles para que esxs trabajadorxs realicen un período de cuarentena y se les efectúen las correspondientes pruebas para determinar que no son portadores del Covid-19. Esto que pudiera parecer una medida prudente se realizó y realiza de manera discriminatoria para con esos trabajadores, no así para un grupo de periodistas que vinieron de Bs. As y a quienes se les realizaron los test rápidamente y a quienes no se les hizo cumplir ninguna cuarentena” señalaron.

Asimismo, también hicieron hincapié en el “señalamiento e identificación de las casas donde habiten personas que cumplen cuarentena, con el supuesto objetivo que no solo sea la policía sino también los vecinos quienes “marquen” a lxs que no cumplan la cuarentena, entendemos que se trata de una medida discriminatoria, autoritaria y cargada de violencia simbólica”.

Y subrayaron “instamos al gobernador y a sus colaboradores más cercanos a rever todas estas medidas que en nada favorecen al bien común. Entendemos que tanto la salud pública como el bienestar de quienes habitamos esta provincia constituyen valores fundamentales que deben ser cuidados, pero ello siempre dentro del marco de la legalidad y el más absoluto respeto por las todas las personas que viven o transitan por esta provincia”.

Y concluyeron “que la pandemia no constituya de ninguna manera una excusa para degradar a las personas, no respetar los DDHH, promover la discriminación y propender al resquebrajamiento del tejido social”.



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