Una conferencia de prensa que el vocero gubernamental, Alberto Siufi utilizó para estigmatizar a docentes y que el CEDEMS respondió con una advertencia: o se rectifica o denunciará al funcionario.
El gremio puso un plazo de 48 horas para que Siufi -una vez llegada la notificación- para que desmienta respecto a su declaración respecto al paro que había cumplido el sindicato los días 14 y 15 de septiembre para justificar los descuentos impuestos por el Ejecutivo a docentes. CEDEMS señaló que esa información no era verdadera, por lo que instó al funcionario a rectificarse.
En ese sentido, el gremio también apuntó a que el vocero cese de forma inmediata “en la difusión de falsedades, agravios y descalificaciones públicas que imputan falsamente inasistencias o inactividad laboral a la docencia jujeña, afectando el honor, la dignidad profesional y el derecho de autodeterminación sindical de los educadores”.
En la notificación, la secretaria general de CEDEMS, Mercedes Sosa le señaló al funcionario “hago constar expresamente que durante las jornadas de los días 14 y 15 de septiembre de 2026 no existió medida de fuerza ni huelga convocada ni ejecutada, habiéndose prestado servicios con normalidad o conforme al calendario escolar y normativas institucionales vigentes”, por lo que los descuentos son injustificados. Así, el lunes, docentes cumplieron un cartelazo en los establecimientos educativos exigiendo la devolución de lo descontando, pero además señalando que sigue vigente el derecho a huelga. En tanto, el martes se movilizaron hasta Casa de Gobierno con la intención que el ministro de Hacienda brinde las explicaciones correspondientes, pero también para que se transparente en los recibos de sueldos las sanciones económicas, siendo que los descuentos tienen un impacto de “naturaleza alimentaria esencial”.
Al señalar que las declaraciones de Siufi faltaron a la verdad y que solo buscan desprestigiar a docentes, el gremio indicó que ello constituye un delito penal, el CEDEMS advirtió al funcionario que tiene un plazo para rectificarse, sino iniciará una denuncia por los delitos de calumnias e injurias; además de incumplimiento de los deberes de funcionario público y práctica desleal y antisindical, todos contemplados dentro del Código Penal.
Sin embargo, el sindicato también avanzará sobre una demanda civil por daños y perjuicios y afectación al honor y la dignidad, lo que implica que, de hallarse culpable a Siufi, este deberá resarcir económicamente a los demandantes.
