Luego de semanas de discusión para consensuar un proyecto superador para la declaración de la emergencia de género en Jujuy, la Legislatura provincial convirtió en ley el pedido de la ciudadanía ante el flagelo de los femicidios y feminicidios ocurridos, bajo el nombre de Ley Iara, la normativa tiene como organismo encargado de su cumplimiento al Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, que hasta la actualidad oficialmente no tiene titular.
Parece un chiste, pero es así. Alejandra Martínez, tan cuestionada por su accionar -o falta del mismo- durante sucesivos femicidios/feminicidios ocurridos en septiembre, nunca fue oficializada para ocupar el cargo de presidenta del Consejo de la Mujer, ya que su expediente nunca fue enviado a la Dirección de Boletín Oficial.
Fue la diputada Alejandra Cejas quien consultó a dicha dirección sobre cuál era la situación de la ex legisladora radical frente al Consejo de la Mujer provincial, siendo que el 30 de octubre recibe la respuesta de Carola Polaco (directora Provincial de Boletín Oficial e Imprenta del Estado) “a la fecha la Dirección a mi cargo no he recepcionado el Expte que contiene la designación de la Sra. Silvia Alejandra Martínez”.
Cabe señalar que el Consejo de la Mujer e Igualdad de Género fue creado por Gerardo Morales en el inicio de su segundo mandato como gobernador, es decir en diciembre de 2019.
En aquel entonces, Martínez ocupaba todavía una banca en el la Cámara de Diputados Nacional, aunque ya estaba pronta a cumplir su mandato. De hecho, la legisladora radical se había presentado como candidata a ocupar la intendencia de Perico por el Frente Cambia Jujuy en las elecciones desdobladas por Morales, ante la coyuntura negativa del gobierno nacional. Pese a todo el apoyo del gobierno provincial, Luciano Demarco (quien rompió con el oficialismo) logró imponerse.
Ya en 2020, Alejandra Martínez como “presidenta” del Consejo de la Mujer, explica que el organismo tenía como objetivo garantizar acciones de prevención, actuación y reparación en casos de violencia de género en el ámbito laboral.
Para ello, se había confeccionado un protocolo donde “se le brinda al Consejo Provincial de la Mujer competencia para actuar en caso de violencia hacia las mujeres en el ámbito de la administración pública” señalaba en enero Martínez.
La concreción de políticas públicas para erradicar la violencia de género no se resuelven solo con buena voluntad, es necesario acciones concretas, así como el Consejo de la Mujer desde sus inicios no ha brindado respuestas a la sociedad, el gobierno de Jujuy ha seguido la misma dirección: desde 2015 se habían creado 6 juzgados exclusivos para esta problemática, sin embargo, tal como se supo en las exposiciones de las agrupaciones feministas en la Legislatura antes de la declaración de la Ley Iara, sólo funcionaban 2, debido a que no estaban los recursos económicos para la apertura de los otros 4.
Eso sin contar, que en realidad, estos juzgados tomaban todas las causas de violencia, no solo la de violencia de género para lo que habían sido creados.