El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) realizó un análisis exhaustivo de datos, edades, características de los casos de femicidios, violencia de género que sucedieron en la provincia solo desde el primer Ni una Menos, hace 11 años. Datos de informes públicos, y colectivos feministas ocupados en identificar, evaluar datos duros que representan a mujeres, niñas, disidencias que requieren políticas públicas efectivas para erradicar la violencia de género.
Nos volvemos a encontrar en las calles con dolor desgarrador, siguen matándonos, femicidios atroces siguen sucediendo cada 35 horas. Denunciamos que el estado nacional y provincial son responsables.
Basados en los informes históricos consolidados por el Poder Judicial de Jujuy y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se detalla la desagregación de las estadísticas anuales de Jujuy cruzando las variables de edad y lugar del hecho.
Estadísticas de Femicidios en Jujuy con Edad y Lugar (2015-2025)
2015 (6 víctimas):
Franja de edad: Mayoría entre 20 y 35 años.
Lugar de residencia/hecho: San Salvador de Jujuy y San Pedro.
2016 (5 víctimas):
Franja de edad: Predominio de adultas de 25 a 40 años.
Lugar de residencia/hecho: Alto Comedero (San Salvador de Jujuy) y Libertador General San Martín.
2017 (11 víctimas - Primer pico alto):
Franja de edad:4 víctimas de 18 a 24 años, 2 de 25 a 34 años, 1 de 35 a 44 años y 2 de 45 a 59 años.
Lugar de residencia/hecho: Gran dispersión territorial que incluyó Palpalá, San Pedro, Perico y San Salvador de Jujuy.
2018 (6 víctimas):
Franja de edad: Edades distribuidas equitativamente entre los 19 y los 45 años.
Lugar de residencia/hecho: La Quiaca, El Carmen y San Salvador de Jujuy.
2019 (4 víctimas):
Franja de edad: 75% menores de 30 años.
Lugar de residencia/hecho: Monterrico y zonas rurales de los Valles de Jujuy.
2020 (14 víctimas - Pico histórico crítico Fuente Revista Nuestra América):
Franja de edad: Concentración alarmante de adolescentes y jóvenes menores de 25 años (casos de Iara Rueda de 16 años y Cesia Reinaga de 20 años).
Lugar de residencia/hecho: Fuerte descentralización hacia localidades del interior como Palpalá, Abra Pampa, Perico, Yuto y San Pedro.
2021 (5 víctimas):
Franja de edad: Edad promedio de 33 años.
Lugar de residencia/hecho: San Salvador de Jujuy, Tilcara y Palpalá.
2022 (6 víctimas):
Franja de edad: 60% adultas jóvenes (20 a 39 años), incluyendo adultas mayores.
Lugar de residencia/hecho: Libertador General San Martín, La Mendieta y San Pedro.
2023 (4 víctimas):
Franja de edad: Rango de 22 a 45 años.
Lugar de residencia/hecho: San Salvador de Jujuy y aglomeraciones del Ramal jujeño.
2024 (3 víctimas):
Franja de edad: Mayoría en la franja de 25 a 35 años.
Lugar de residencia/hecho: Perico y San Salvador de Jujuy.
2025 (5 víctimas):
Franja de edad: Comprendidas entre los 18 y 40 años (como el femicidio de Daniela Mamani).
Lugar de residencia/hecho: Humahuaca y localidades de la Puna/Quebrada, consolidando una de las tasas proporcionales más altas del país.
Análisis de Variables Cruzadas
- La Edad como Factor de Vulnerabilidad: En el acumulado histórico de Jujuy, más del 60% de las víctimas tenía entre 15 y 35 años al momento del crimen. Los años con picos (como 2017 y 2020) muestran un descenso en el rango etario medio, afectando severamente a menores de edad y estudiantes.
- El Interior frente a la Capital: Si bien el departamento de Doctor Manuel Belgrano (San Salvador de Jujuy) posee el mayor volumen absoluto debido a su densidad poblacional, la región de El Ramal (San Pedro y Libertador General San Martín) y la Puna/Quebrada (Abra Pampa, Humahuaca) muestran un índice de letalidad alarmante por habitante.
- La vivienda como el lugar más inseguro: En más del 70% de las causas, el lugar de residencia de la víctima —o el domicilio compartido con el agresor— coincide de forma exacta con la escena física del crimen. Esto comprueba que el confinamiento o la convivencia con el victimario agrava los niveles de riesgo.
Tabla Comparativa de Tasas de Femicidios en el NOA
(Víctimas directas cada 100.000 mujeres según los datos consolidados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación)
|
Provincia |
2017 (Inicio de Alerta) |
2020 (Pico Histórico) |
2023 (Consolidado Reciente) |
2024 / 2025 (Tendencia Activa) |
|
Jujuy |
2,82 |
2,80 |
0,96 |
1,70 |
|
Salta |
1,84 |
1,78 |
1,56 |
1,12 |
|
Santiago del Estero |
2,10 |
1,22 |
1,37 |
1,45 |
|
Tucumán |
0,91 |
2,10 |
1,06 |
0,91 |
|
Catamarca |
0,48 |
0,46 |
1,33 |
0,85 |
|
La Rioja |
0,53 |
0,51 |
0,51 |
0,00 |
|
Media Nacional |
1,31 |
1,09 |
1,05 |
0,95 |
Análisis del Origen de los Índices Altos en Jujuy
1. El primer quiebre (2017)
Jujuy superó la barrera de la media nacional con una tasa de 2,82 femicidios cada 100.000 mujeres. En ese año, la provincia vecina de Salta también presentaba números alarmantes, consolidando al bloque del NOA (junto a Santiago del Estero) como la región más peligrosa para las mujeres del país.
2. La crisis absoluta (2020)
Mientras la media nacional bajaba a 1,09, Jujuy escaló a 2,80. Fue el año más trágico debido al confinamiento por la pandemia de COVID-19. El hacinamiento domiciliario con los agresores y las fallas en los mecanismos de búsqueda inmediata de adolescentes desaparecidas (como el caso de Iara Rueda) desataron protestas masivas. Esto obligó al poder político a dictar la Emergencia Provincial en Violencia de Género.
3. Sostenibilidad del riesgo (2024 - 2025)
Tras una leve baja en 2023, los monitoreos de organizaciones como el Observatorio Nacional de MuMaLa volvieron a posicionar a Jujuy ubicándose nuevamente como la segunda provincia con mayor letalidad proporcional a nivel país.
El contexto provincial actual tiene que leerse considerando, entre otras dimensiones, los recortes de presupuesto y sus consecuencias.
A pesar del marco estratégico que fija la ley Iara, los informes sectoriales e investigaciones recientes de cara a 2026 advierten sobre un grave proceso de desfinanciamiento económico que obstaculiza su cumplimiento integral:
- Asignaciones Presupuestarias Críticas: Las partidas específicas del presupuesto provincial aprobadas para los programas de prevención y contención de las violencias asignaron montos severamente restringidos en términos reales. Organizaciones y legisladores de la oposición denunciaron que los fondos asignados para la Ley Iara para el ejercicio 2026 equivalen a apenas unos $30 millones anuales, una cifra licuada frente a los índices inflacionarios del país.
- Precarización de los Equipos de Atención: Los informes técnicos y balances de las organizaciones señalan la persistencia de una profunda crisis de recursos humanos. Los profesionales de los centros territoriales (psicólogos, trabajadores sociales y abogados) operan bajo contratos temporales y salarios deprimidos, lo que provoca una alta rotación del personal y discontinuidades en el acompañamiento de las víctimas.
- Licuación de los Subsidios Económicos: Debido a los recortes generales en las transferencias no automáticas del Estado nacional hacia las provincias, los programas de asistencia monetaria de emergencia perdieron valor adquisitivo real. Esto impide costear alquileres o mudanzas de emergencia para las mujeres de bajos recursos.
- Colapso en la Capacidad de Respuesta en el Interior: Mientras que el Consejo Provincial de Mujeres resalta el mantenimiento formal de los 38 centros de atención locales, la falta de presupuesto para movilidad, logística e insumos restringe la capacidad de estos equipos para ingresar a parajes rurales profundos o localidades aisladas del norte de la provincia.
- Persistencia del Volumen de Causas: El desfinanciamiento de las áreas de prevención impacta directamente en las fiscalías especializadas de Jujuy, donde más del 50% de las denuncias penales totales ingresadas siguen estando vinculadas de forma estricta a hechos de violencia de género, impidiendo descomprimir el sistema.
¿Cómo se manifiesta esto en las escuelas?
La Educación Sexual Integral (Ley Nacional 26.150) es la herramienta pedagógica diseñada para desarmar las conductas violentas antes de que escalen a delitos penales. En las escuelas secundarias de Jujuy, su aplicación es marginal debido al recorte presupuestario, generando consecuencias directas en la falta de prevención de las violencias:
1. Desmantelamiento de los Equipos de Acompañamiento
El desfinanciamiento provoca el vaciamiento de los equipos de orientación escolar y de los equipos técnicos que antes recorrían las escuelas del interior de Jujuy. Sin profesionales en los colegios, los docentes tienen dificultades para derivar los casos detectados en el aula.
2. Anulación de las Capacitaciones a docentes
Al recortarse los fondos para la formación docente continua y obligatoria, la ESI queda sujeta a la voluntad individual de cada educador. Muchos carecen de herramientas metodológicas actualizadas para abordar la violencia en los noviazgos adolescentes o para identificar abusos intrafamiliares.
3. Escasez de Material Didáctico en las Regiones Vulnerables
Las escuelas secundarias de los departamentos del interior y de zonas rurales sufren la falta total de cartillas, guías operativas e insumos actualizados. Esto profundiza la brecha de género: en los lugares donde la tasa de femicidios es proporcionalmente más alta, las jóvenes reciben menos información sobre sus derechos, canales de denuncia y redes de contención locales.
4. Consecuencia Directa: La Pérdida de la Alerta Temprana
La ESI enseña (entre otros saberes) a problematizar los celos, el control, el aislamiento y la violencia psicológica en los primeros noviazgos. Al desaparecer estos espacios de debate en el secundario, las conductas de dominación machista se naturalizan entre los jóvenes. El sistema estatal pierde la oportunidad de intervenir a los 14 o 15 años, y vuelve a tomar contacto con la situación años más tarde a través de una denuncia en la comisaría o, en el peor de los casos, en una autopsia forense.
Porcentaje de Noviazgos Violentos por Región (Jujuy)
El comportamiento de la violencia en parejas jóvenes varía según el entorno geográfico y la infraestructura educativa disponible:
- Región de los Valles (San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico): Concentra los mayores índices registrados (cercanos al 38%). Aquí predomina la violencia digital (control de contraseñas, hostigamiento en redes sociales, exigencia de geolocalización) combinada con agresiones verbales. Al haber mayor densidad poblacional, los casos son más visibles, pero el sistema de atención suele estar colapsado.
- Región del Ramal (San Pedro, Libertador General San Martín): Es la zona con indicadores de mayor letalidad y violencia física directa (alrededor del 35%). En esta región, las conductas de dominación machista se encuentran más naturalizadas entre los adolescentes, influenciadas por un entorno con altas tasas históricas de femicidios.
- Regiones de Quebrada y Puna (Humahuaca, Abra Pampa, La Quiaca): Aunque los registros formales son menores (20% a 25%), los profesionales advierten un subregistro crítico. La violencia psicológica y el aislamiento forzado son las formas predominantes, agravadas por el desarraigo cuando las jóvenes deben trasladarse para estudiar.
2. El Acceso a las Denuncias: Las Barreras del Interior
A pesar de que los protocolos escolares obligan a los directivos a intervenir ante la detección de un noviazgo violento, la posibilidad real de radicar una denuncia penal efectiva encuentra serios obstáculos:
- Centralización de la Justicia: Las fiscalías especializadas en violencia de género operan principalmente en los centros urbanos. Para una adolescente de un paraje rural de la Puna o del interior del Ramal, denunciar implica viajar largas distancias, un costo económico insostenible sin asistencia estatal.
- Obstáculos en las Comisarías: Los familiares denuncian de forma recurrente que el CINDAC y las comisarías locales imponen trabas burocráticas a las menores de edad que se presentan sin un adulto a denunciar, violando el derecho a ser escuchadas que garantiza la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia.
- Temor a las Represalias en Comunidades Chicas: En localidades pequeñas, el anonimato es imposible. El miedo al estigma social, al aislamiento comunitario y a la cercanía física con el agresor (que suele asistir a la misma escuela o vivir a pocas cuadras) frena el inicio de las acciones legales.
3. El Efectivo Acompañamiento tras la Aplicación de Protocolos
El punto más crítico y deficitario del sistema es el "día después" de la activación de los protocolos de emergencia. El desfinanciamiento actual de la Ley Iara y el vaciamiento de los equiposde orientación escolares provocan una ruptura en la cadena de asistencia:
- Incumplimiento de las Medidas de Restricción: Aunque la justicia suele dictar rápidamente órdenes de restricción de acercamiento o perimetrales, el Estado no cuenta con los recursos tecnológicos ni policiales para monitorear su cumplimiento. En el ámbito escolar o barrial, el agresor suele violar la medida sin consecuencias inmediatas.
- Ausencia de Tratamiento Psicológico Sostenido: Los 38 centros de atención distribuidos en la provincia se encuentran desbordados y con falta de personal por contratos precarizados. El acompañamiento psicológico a la víctima se reduce a citas espaciadas (una vez al mes o cada 45 días), lo que resulta evidentemente insuficiente para abordar el trauma y evitar que la joven vuelva a quedar expuesta al círculo de la violencia.
- Falta de Espacios de Reeducación: Los protocolos rara vez incluyen un abordaje integral sobre el agresor adolescente. Al no haber presupuesto para equipos interdisciplinarios que trabajen en la reeducación de estas conductas en las escuelas secundarias, el joven violento suele replicar los mismos patrones de conducta con sus parejas posteriores, perpetuando la cadena de violencia.
Estas evidencias enunciadas, sumadas a las problemáticas estructurales del Ministerio de Educación que hacen de la burocracia su único fin, muestran la indolencia del estado frente a su responsabilidad de garantizar los derechos básicos y prevenir los femicidios.
Salimos a las calles para exigir que se respeten las leyes, que se inviertan los presupuestos necesarios para prevenir y reparar, para que los agentes del estado provincial sean capacitados con perspectiva de género, para que se garantice el abordaje integral de la ESI en las escuelas. Porque vivas, libres y desendeudadas nos queremos!
