A 10 años de Ni Una Menos, este martes, jujeñas volverán a pintar las calles de violenta para exigir la erradicación de la violencia machista que se lleva la vida de mujeres, las estadísticas son elocuentes: la provincia sigue teniendo una de las mayores tasas de femicidio del país.
Por cada 100 mil habitantes, mueren 1,7 jujeñas a causa de la violencia machista, los datos se desprenden del estudio que hizo el Observatorio de Mumalá -Mujeres de la Matria Latinoamericana- a una década de haber iniciado el Registro Nacional de Femicidios. Ello se tradujo en 63 femicidios registrados desde el 3 de junio de 2015 al 30 de mayo de 2025.
A pesar de la Emergencia en Violencia de Género que rige desde 2020 en Jujuy, la tasa de femicidios de la provincia sólo es superada por Santiago del Estero y Chaco con el 1,8% donde no rige ninguna ley con el fin de erradicar la problemática.
Sin presupuesto ni voluntad, el Consejo Provincial de la Mujer no cumple con la ley Iara de aplicar acciones concretas para evitar la muerte de mujeres ni diversidades.
Pero la situación es mucho más compleja. El Observatorio señaló que en realidad hay 2 intentos de femicidio por cada asesinato de mujeres concretado en el país.
Las denuncias previas, los botones antipánico o las órdenes de restricción tampoco funcionaron: el 17% de las víctimas habían acudido a la comisaría, 1 de cada 10 mujeres tenía el dispositivo de alarma y el 54% de los femicidas tenían una orden de prohibición de acercamiento.
Asimismo, el 64% de las víctimas fue asesinada en su propia vivienda, el 10% había sido víctima de abuso y el 12% de los femicidas intentó deshacerse del cuerpo o encubrir el asesinato. En cualquiera de los datos, los casos de Angelina González, Paola Vargas o Tamara Fierro se encuadran con estas maniobras de sus victimarios.
El reciente femicidio de Tamara Fierro, el tercero en apenas 21 días marca nuevamente la necesidad de poner en agenda de la dirigencia política y las autoridades el tema de la violencia machista. La necesidad de capacitación a funcionarios, pero también una política seria estatal que proteja a mujeres y disidencias.