El gobierno radical sigue sin cumplir con la remediación en Caspalá

Ya pasaron casi cuatro años desde que el gobierno radical -comandado por Gerardo Morales- iniciaba una obra en la cancha comunitaria de Caspalá, obra que fue judicializada y ganada por la comunidad que sigue esperando que el Estado provincial cumpla con la remediación.

Fue el pasado lunes 28 de septiembre que peritos de la querella concurrieron al lugar tras la citación del Juzgado Federal para observar el avance de las obras de reparación y remediación dispuestas en el acuerdo al que llegaron entre la comunidad kolla y la Fiscalía de Estado de la provincia en noviembre de 2024. La Jueza federal del Juzgado Federal N° 2 de Jujuy, Dra. Carina Gregoraschuk, homologó el convenio, con el cual se dispuso al Estado jujeño un plazo de 30 días para que cumpla con la reparación, tanto de la cancha comunitaria como de la finca expropiada de la familia Cruz Moyoja con el objetivo de suplantar el espacio recreativo ocupado para construir la escuela secundaria.

Pese a haberse cumplido los tiempos sobradamente, hasta ahora el Ejecutivo sigue sin presentar los proyectos ni los informes previos requeridos por dicho acuerdo.

El convenio determinaba que el gobierno provincial debía devolver la cancha ancestral Finca Pozuelos (Padrón G1222) que fuera usurpada para la construcción de la escuela secundaria N°57 y la Finca Santa Rosa (G565) propiedad de Pablo Cruz Moyoja, por lo que se debía retrotraer la ley de expropiación que fuera aprobada en la Legislatura. Así, en un principio, la comunidad pensaba reinaugurar la cancha en febrero de 2025, fecha que tampoco pudo cumplirse frente a la demora del oficialismo en el parlamento provincial para retrotraer la expropiación: recién en mayo -a seis meses del fallo judicial- diputados y diputadas aprobaron la remediación institucional en Caspalá, debiendo dejar el sitio tal como estaba previamente a noviembre de 2022, cuando maquinaria avanzó sobre el territorio, pese a la advertencia de la existencia de restos arqueológicos y que la remoción de tierra terminó por descubrir. Así, la obra se paralizó por un amparo, aunque el gobierno continuó de forma irregular la ejecución de la obra.

Fue precisamente este avance sobre el sitio arqueológico lo que ahora demora la reparación, además de volver a exponer que Morales nunca cumplió con el informe de impacto ambiental que corresponde a cada obra. Este es el punto de disputa entre la comunidad y el gobierno: comuneros y comuneras no se oponían a la construcción de la escuela, sino en el lugar donde se iba a erigir, siendo que en 2015 habían adquirido un terreno para ese fin. Morales se negó a ceder y la consecuencia fue la imputación de funcionarios de su gobierno y que incluyó a la ex ministra de Educación, Teresa Bovi.

Con el fin de poder seguir incumpliendo con el convenio, el radicalismo se inmiscuyó en la elección de autoridades de la Asamblea: según denunciaron integrantes de la comunidad, la Secretaría de Pueblos Indígenas impuso autoridades paralelas, en referencia Sonia Batallanos, quien es funcionaria municipal. Precisamente, la ahora presidenta de la comunidad de Caspalá fue recientemente recibida en la Comisión de Asuntos Indígenas de la Legislatura, órgano que es señalado por imponer requisitos arbitrarios para que las comunidades puedan participar en reuniones, entre ellas, que solo serán recibidas las autoridades de comunidades que tengan la personería jurídica al día, aunque desde el bloque de la izquierda apuntaron abiertamente a que sólo reciben a comunidades que responden al oficialismo.