JUJUY

Deberán enfrentar dos causas paralelas

El MPA amplía la acusación a 23 comuneros: al homicidio culposo, le suma privación ilegítima, sedición, entre otros

El fiscal de Humahuaca, Fernando Alancay citó entre este miércoles y viernes a quienes se manifestaron en las afueras del Concejo Deliberante local, para exigir al cuerpo que rechace la reforma parcial de la Constitución

El MPA amplía la acusación a 23 comuneros: al homicidio culposo, le suma privación ilegítima, sedición, entre otros

 

 

A pocos días de conocer la imputación de homicidio culposo por el fallecimiento de una mujer que viajaba a Buenos Aires y que se encontraba en un colectivo varado en Abra Pampa por los cortes de ruta, 23 comuneros y comuneras en las últimas horas conocieron nuevas imputaciones realizadas por el MPA y que incluye entre los delitos señalados, privación ilegítima agravada, sedición, resistencia a la autoridad, entre otros.

Fue el fiscal de la ciudad quebradeña, Fernando Alancay quien citó a los señalados y señaladas a comparecer entre este miércoles y viernes por los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en las inmediaciones del Concejo Deliberante humahuaqueño, cuando la comunidad se presentó en el lugar para exigir a sus representantes que rechacen la reforma parcial de la Constitución, hecho que finalmente ocurrió en horas de la madrugada.

Si bien se enumera a 23 personas (la docente Mercedes Maidana, Haydee Griselda Ignacio, Faviana Liliana Apaza, Elsa Antonina Lamas, Antonia Nora Cari, Gladis Tolay, Jorge Maximiliano Nahum, Franco Agustín Zamboni, Renzo Brian Fabricio Laguna, Leticia Irene Lloveras, Ronaldo Eliseo Tapia, Brian Rodrigo Tapia, Marisol Elizabeth Cari, Darian Ítalo Yamil Vilte, Fernando Manuel Apaza, Gloria Selva Flores, Alfredo René Cabana, Gonzalo Javier Zapana, Daniel Flavio Arnaldo González, Jairo Exael Javier Condori, Javier Rodrigo Méndez, Renzo Mario Julio Gutiérrez y Gisela Candelaria Yugar) para ser citadas, la denuncia penal incluye “personas a determinar”.

Asimismo, se suman otros delitos como daño agravado a bienes se servicios públicos, lesiones leves doblemente agravadas y además instigación a cometer delitos.

Todos los delitos apuntados se relacionan a las manifestaciones que se hicieron desde horas de la tarde hasta alrededor de las 2 de la madrugada del sábado, cuando la represión policial ya estaba desatada.

Según consta la notificación, el 30 de junio, la docente Mercedes Maidana pidió al Concejo Deliberante emita su rechazo a la reforma, por lo ediles decidieron convocar a convencionales constituyentes “para escuchar a las dos partes, y no emitir el pedido de rechazo a la reforma”, es decir, no cumplir con el mandato de sus representados. Dada por finalizada la sesión, la presidenta del parlamento humahuaqueño fue retenida por manifestantes precisamente para que se formalice el rechazo exigido en una siguiente sesión. Frente a ello, se denunció a los maloneros y maloneras por la privación ilegitima de la libertad en contra de la oficialista Noelia Quispe. Lo sospechoso de esta acusación es que concejales ya habían negado haber sido víctimas de este delito, cuando a mediados de julio fueron citados a audiencia en la cual se dispuso la liberación de 3 manifestantes que estaban con prisión preventiva, lo que evidencia que la concejala Quispe fue la única que mantuvo la acusación (Quispe en diciembre asumirá como diputada del Frente Cambia Jujuy y fue la única señalada por la población para que abandone su lugar dentro del Concejo, además de exigir la renuncia de la intendenta Karina Paniagua, dirigenta del riñón de Rubén Rivarola).

 

Frente al pedido del rechazo de la reforma parcial de la Constitución que hicieron, el fiscal consideró esto como sedición. El tumulto generado en las inmediaciones por la comunidad fue entendida como resistencia a la autoridad y, además se indicó que hubo 18 efectivos que sufrieron lesiones, siendo en su mayoría traumatismos y hematomas, de las cuales se desprenden las acusaciones de lesiones leves doblemente agravadas.

Por otra parte, la investigación apuntó a diferentes grupos de WhatsApp y Facebook donde supuestamente se incitaba a cometer delitos contra la propiedad de la concejal Quispe y contra su persona. Nada de ello sucedió, aún así el fiscal Alancay no pasó por alto sumar este delito en la causa.

 



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