JUJUY

Contrato por 10 años

El negocio de la salud en manos de allegados a funcionarios del gobierno de Morales

La sociedad Salud Mental SRL tiene entre sus participantes a la pareja del ministro de Salud, al hijo del presidente del ISJ, a la esposa del secretario de Salud Mental de la provincia. El avance del sector privado ante la ausencia del Estado

El negocio de la salud en manos de allegados a funcionarios del gobierno de Morales

 

Donde hay una necesidad, nace un negocio, esa parece ser la premisa de funcionarios del gobierno de Gerardo Morales y allegados que, valiéndose de la difícil situación de consumo problemático que hay en Jujuy aprovecharon la falta de respuestas desde el Estado para abrir un hospital psiquiátrico.

La sociedad Jujuy Salud Mental SRL tiene entre sus participantes al ya conocido empresario Edil Quintar (es dueño del sanatorio Los Lapachos), Fernanda Peinado y actual pareja del nuevamente ministro de Salud, Gustavo Bouhid; Ignacio Manzur, hijo del presidente del ISJ y Cristina Uriondo, esposa del actual Secretario de Salud mental de la provincia Agustín Yécora (este último pariente de Guillermo Jenefes).

 

Es decir, todos allegados a funcionarios de la actual gestión o parte del gobierno de la provincia.

Contrato de Jujuy Salud Mental SRL

Contrato de Jujuy Salud Mental SRL

La salud, un negocio para pocos

La pandemia del covid 19 dejó en evidencia el vaciamiento en el área de salud, tal como venían denunciando sindicatos. Falta de personal y equipamiento, quedaron al descubierto cuando cientos de jujeños y jujeñas morían sin siquiera llegar a tener atención médica.

En ese marco, Morales aprovechó para hacer negocios con quienes le aportaban su voto en la Legislatura a sus proyectos: Rubén Rivarola y Liliana Fellner.

En agosto de 2020, la provincia celebraba un convenio con la firma MATER NOA, cuya presidencia estaba bajo la tutela del diputado del PJ. El acuerdo constaba en que el Estado provincial desembolsaba casi 58 millones de pesos (57.888.000) a la empresa Mater NOA por el lapso de 67 días y como contraprestación se ponía a disposición 32 camas en la provincia para casos de covid 19 para pacientes con obra social.

En el caso de Liliana Fellner, el negocio que acaparó fue el de la realización de test PCR a través de su laboratorio LAC Norte.

Frente a ello, tanto Morales, como Rivarola y Fellner fueron denunciados por malversación de fondos.

Quien también supo sacar una tajada de la situación epidemiológica fue Edil Quintar quien puso a disposición el Hotel Fenicia para quienes llegaban a Jujuy y cumplieran allí la cuarentena obligatoria. El acuerdo no fue el mejor, el empresario tuvo que enviar cartas documento para que el Ministerio de Salud pagara los 160 pesos diarios que habían arreglado por cada persona aislada. La familia Quintar también fue señalada por vacunación “VIP” cuando el gobierno nacional comenzó a mandar las primeras dosis.

A pesar de esta mala experiencia, Quintar (tío de Manuel Quintar, ahora candidato a diputado nacional por la fuerza que encabeza Javier Milei) vuelve a apostar a otro negocio, aunque con la garantía que hay figuras que pertenecen al actual gobierno.

Ese es el caso Fernanda Peynado, que no sólo es la esposa de Gustavo Bouhid, el titular de la cartera sanitaria provincial, sino que además es subsecretaria de Atención, Prevención y Promoción de Salud, órgano bajo la órbita de su marido.

 

Quien también supo tener su cargo dentro del Estado provincial fue Ignacio Manzur, ex secretario de Salud Mental. El hijo del presidente del ISJ supo firmar una controversial resolución en 2016 (la N°000001-SSMyA) en donde autorizaba la aplicación de terapia electronvulsiva -más conocida como electroshock- a pacientes. El revuelvo fue tal, que dos días después el funcionario tenía que dar marcha atrás con la misma. Incluso, el propio gobernador salía a declarar que no se aplicaría la misma.

A pesar del escándalo, Manzur continúa en el cargo hasta que es nombrado dentro del ISJ. En su remplazo, asume Yécora, esposo de Cristina Uriondo, otra de las integrantes de la firma Jujuy Salud Mental SRL.

La polémica surge que el Estado provincial habilita la apertura de una clínica con internación, cuando la ley de salud mental nacional prohíbe esto. Eso, sin contar las sospechas si dentro de dicha institución se aplica la ya rechazada terapia de electroshock.



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