Metal Huasi: persiste el plomo en sangre y es un peligroso antecedente para la actividad minera

La causa por contaminación ambiental y sanitaria originada por la ex fundidora de plomo Metal Huasi en la Puna jujeña, lleva más de dos décadas atascada en el laberinto judicial. Ante la falta de respuestas, pobladores y damnificados de Abra Pampa reactivaron su lucha: tras una masiva marcha local y una movilización a la capital provincial, exigen una reparación integral para las 457 familias que continúan con la demanda de un total de 600 que la iniciaron.

La fundidora comenzó a operar en 1955 a 214 kilómetros de San Salvador de Jujuy y cerró definitivamente en 1990. Sin embargo, su cierre no significó el fin del peligro: la empresa dejó a la deriva un pasivo ambiental de 60 mil toneladas de escorias y residuos tóxicos a cielo abierto, distribuidos en tres puntos críticos del pueblo (el predio central, el arroyo Tabladitas y el Barrio 12 de Octubre). Durante décadas, el humo, el hollín y las partículas cubrieron las viviendas de las comunidades indígenas de la zona, provocando una sobreexposición crónica al plomo a través del aire, la tierra y el agua.

Las alertas formales se remontan a más de dos décadas. Ya en 2006, un estudio del Grupo de Investigación de Química Aplicada (INQA) de la Universidad Nacional de Jujuy reveló que el 81% de los 234 niños analizados presentaba altos niveles de plomo en sangre (plumbemia), derivando en severas secuelas físicas y neurológicas. A pesar de los anuncios de remediación en 2007 con financiamiento parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la supuesta conclusión de obras en 2017, la comunidad denuncia firme que los trabajos se ejecutaron a medias, sin supervisión adecuada y con serias sospechas de desvío de fondos a lo largo de sucesivas gestiones peronistas, radicales.

En julio de 2015 se formalizó la demanda por daños y perjuicios contra la Municipalidad de Abra Pampa bajo el Expediente N° B-148045/05 (“Ordinario por daños y perjuicios: Maizares Pascaula y otros c/ Municipalidad de Abra Pampa”). Transcurridas distintas instancias, hoy la causa está congelada en el despacho del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Dr. Federico Otaola.

Frente a la parálisis, el pasado 13 de octubre los vecinos se manifestaron en Abra Pampa y, posteriormente, el lunes 26 de octubre una comitiva viajó a la capital para exigir una audiencia formal. Si bien el martes dos representantes fueron recibidos por el magistrado Otaola, este pidió un plazo de 20 días para analizar el expediente alegando que "lo desconoce", respuesta que generó indignación en los demandantes dado que el caso lleva años bajo su órbita.

"El plomo sigue matando"

El impacto de la contaminación atravesó de forma implacable la vida y la salud de las familias abrapampeñas. Verónica Mendoza, una de las damnificadas, relató el drama diario que se vive en la Capital de la Puna:

“El plomo sigue matando. La remediación humana no se hizo para nada y la ambiental se hizo a medias. Hoy en día, cuando llueve en el anfiteatro que se construyó encima de donde estaba el plomo, todo sale a flote de color amarillo y el olor es nauseabundo. Sigue contaminado; tengo casos concretos de chicos que se enferman, se hacen análisis y vuelven a dar positivo de plomo en sangre”.

Mendoza cuestionó duramente la falta de contención por parte de las autoridades municipales y del intendente Ariel Machaca: "El municipio nos culpa por hacer el juicio y hasta nos amenazan con que tendrán que vender camiones para pagarnos. Todo Abra Pampa está contaminado, nacen animales con malformaciones y tumores. Mi hijo tiene una discapacidad; esto te mata psicológicamente porque sentís que tu salud no vale nada".

Por su parte, Lorena Mendoza, abogada e integrante de la familia damnificada —quien decidió estudiar derecho impulsada por esta causa—, enfatizó sobre el dolor que dejó la tragedia: "Mi padre falleció de cáncer debido a esto y mis hermanos sufren secuelas. De niña yo jugaba en los escombros como si fuera un parque de diversiones, sin que nadie nos informara. Es inconstitucional que pasen siete años sin que haya una sentencia".

Asimismo, la letrada lamentó el trato recibido durante la reunión judicial: "Fue muy doloroso porque se los trató de mala manera. Decir que desconocía la contaminación cuando el expediente está en sus manos desde 2015 es inaceptable".

Un precedente alarmante

La causa de Metal Huasi trasciende el caso particular de Abra Pampa y se consolida como un antecedente bisagra en materia ambiental para la región. Los representantes legales y damnificados remarcan que no existen argumentos para que el Máximo Tribunal dilate una definición, más aún cuando ya existen fallos favorables con reparación económica en causas ambientales similares de la región (como los expedientes Nº CF-10730/2014, CF-16829/2020 y CF-16737/2020).

"Es un precedente gravísimo para las empresas extractivas que se instalan, no son controladas, hacen su trabajo y se van dejando las napas y el agua contaminadas. Con Metal Huasi hubo una absoluta irregularidad; la empresa abandonó todo a la deriva y hoy nadie se hace cargo", concluyó Lorena Mendoza.

Mientras tanto, los 457 pobladores permanecen firmes y en pie de lucha, demandando justicia, memoria y los recursos económicos indispensables para solventar los costosos tratamientos médicos que exigen sus secuelas de salud.