Frente a la judicialización, Educación dejó sin efecto el no reconocimiento de antigüedad

Una resolución que tuvo vigencia solo un par de días: el viernes último, el Ministerio de Educación notificó a sindicatos docentes que se iba a dejar de contabilizar como antigüedad los años trabajados en instituciones privadas, medida que rápidamente fue rechazada por lo gremios, pero que también iban a canalizar acciones judiciales, por lo que la cartera debió dar marcha atrás.

Fue ayer por la tarde noche en un escueto comunicado que se dio a conocer la novedad. En el documento, el Ministerio que conduce Daniela Teseira de indicó que “ante las inquietudes surgidas en relación con el reconocimiento de la antigüedad por servicios prestados en instituciones educativas de gestión privada, el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy considera necesario brindar tranquilidad y claridad a la comunidad docente”.

Asimismo, detalló que se seguirá recibiendo la documentación para reportar la antigüedad, como también no se aplicará descuentos por ese concepto.

En este sentido, se informa que el Ministerio continuará reportando la antigüedad docente y no se procederá a efectuar descuentos por este concepto.

Fueron dos sindicatos los que ya habían anunciado iniciar acciones legales sobre la resolución que dispuso la Fiscalía de Estado y a la cual el ministerio había adherido, primero fue CEDEMS, que apuntó que docentes inician en el sector privado su trayectoria laboral para acumular puntaje y así poder presentarse luego en el sector público, en tanto que SADOP -que nuclea a docentes que se desempeñan en el sector privado- lo tomó como un “ajuste financiero”. Asimismo, la conducción del gremio de docentes particulares también amenazó con iniciar medidas de fuerza. En paralelo, CEDEMS planteó una marcha de antorchas para el viernes, donde se coló este punto.

Con reclamo salariales desde hace meses sin resolverse, la normativa del Ministerio de Educación volvió a reavivar el conflicto en la docencia que, además, también padece descuentos por los días de paro, aún cuando están contempladas como derecho constitucional y el gobierno no dictó conciliaciones obligatorias que no fueran acatadas.