Con la firma de la mitad de sus diputados, el radicalismo presentó un proyecto en la Legislatura que, si bien en principio parece que busca frenar la violencia digital, termina por aplicar la censura en redes sociales.
El ingreso se registró el pasado 2 de octubre bajo el nombre “Prevención y erradicación de la violencia digital” y entre sus fundamentos señala que su objeto principal es “la prevención de conductas disvaliosas en el entorno digital, mediante la puesta en funcionamiento de distintas líneas de acción con ese objetivo, a través de un trabajo transversal y articulado de distintas áreas del Estado”. Hasta ahí, el proyecto parece encaminado a la concreción de políticas que concienticen sobre el uso de las redes sociales, sin embargo, plantea la modificación del Código Contravencional de la provincia para aplicar sanciones que incluyen hasta el arresto, aún cuando no se constituya un delito.
Retomando que en la legislación nacional ya existe la Ley Olimpia -que enmarca a la violencia digital dentro de la violencia de género-, el proyecto reconoce que hasta la fecha no existe una normativa vigente respecto a “la suplantación de la identidad digital de las personas, con la finalidad de cometer estafas u otros actos ilícitos o bien, afectar el honor y dignidad de quienes resultan victimas de dicha suplantación”, como así tampoco sobre los comentarios ofensivos hacia otras personas y el uso de su imagen. Por ello mismo, es que busca cambiar el Código Contravencional y agregar el capítulo “Violencia Digital” y que incluya sanciones para los casos de “la difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, el hostigamiento digital, como así también las agravantes de ambas figuras y, finalmente, la suplantación de la identidad digital de las personas”.
Tal como indica el primer artículo del proyecto, el Ejecutivo “deberá promover acciones tendientes a prevenir y erradicar la violencia digital, entendiéndose por tal a toda conducta que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales a un tercero”. Para ello, tendrá que implementar una política con diferentes líneas de acción para el buen uso de las tecnologías y que incluya a otros organismos del Estado, como el Ministerio de Educación, el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el Respeto a las Diversidades y también el Ministerio de Seguridad, este último, como el que aplicará los arrestos de hasta 15 días cuando se “difundan, publiquen, distribuyan, faciliten, cedan y/o entreguen a terceros imágenes, grabaciones y/o filmaciones de carácter íntimo y/o sexual, sin el consentimiento de la persona y a través de cualquier tipo de comunicación electrónica, de trasmisión de datos, páginas web y/o a través de cualquier otro medio de comunicación, siempre que el hecho no constituya delito”. Es decir, se habrá detenciones, aun cuando haya ninguna violación a ninguna ley penal.
Un artículo y el caso de los tuiteros
El proyecto oficialista incorpora un articulo respecto al “hostigamiento digital”. El mismo determina una multa económica, trabajo comunitario o detención a quienes “intimiden a otro u hostiguen o afecten su honor mediante el uso de cualquier medio digital, siempre que el hecho no constituya delito”. El octavo punto de la ley no aplica a los casos cuando las “expresiones sean referidas a asuntos de interés público o sean dirigidas contra funcionarios públicos por cuestiones vinculadas al ejercicio de su función”.
Los rumores que corren es que el autor intelectual de este proyecto es Gerardo Morales.
El ex mandatario tiene su propio historial con las publicaciones en redes sociales: Nahuel Morandini y Humberto Villegas eran detenidos en enero de 2024 por la denuncia referida a los delitos de daños y de supresión y suposición del estado civil y de la identidad, todo ello por haber tuiteado respecto una supuesta infidelidad de Tulia Snopek a Morales. Si bien Morales ya estaba fuera de la función pública, sí hizo pesar su poder político en la justicia, Morandini y Villegas eran detenidos y debieron cumplir con prisión preventiva por 60 días. Hasta la fecha la causa no avanza, pero tampoco dictan el sobreseimiento de los tuiteros.
En paralelo, la ley plantea otro punto, la hiper vigilancia digital.
Desde que asumió la presidencia Javier Milei, el Estado argentino aplicó una serie de reformas en materia de seguridad e inteligencia y amplió el uso de tecnologías de vigilancia e impulsó reformas para ampliar esa capacidad, en su mayoría, sin debate parlamentario.
Frente a ese escenario, Amnistía Internacional señaló en su informe “Estado de vigilancia” que el gobierno libertario creó una “una infraestructura orientada al control social, la persecución de la disidencia y la restricción del espacio cívico, amplificando prácticas de vigilancia, perfilamiento y represalias con efectos directos sobre derechos como la privacidad, la libertad de expresión, la asociación y la reunión pacífica”.
Jujuy fue el precursor de esta política de inteligencia: el Código Contravencional apuntó a multas millonarias a manifestantes, así, organizaciones sociales que sostenían comedores y merenderos recibieron sanciones económicas sólo por salir a la calle a exigir una política alimentaria. El caso más resonante es el del jujeñazo: la semana pasada la justicia suspendió el juicio a 19 militantes sociales que se habían manifestado contra la Reforma (In)Constitucional. La resolución llegó luego que la abogada Mariana Vargas presentara un recurso para que se determinara la legalidad de la brutal represión de los días 17 y 20 de junio, donde tres varones perdieron uno de sus ojos producto de las balas de gomas lanzadas por las fuerzas de seguridad. El hecho que las heridas fueran en la cara dejó al descubierto que se disparó hacia las cabezas, violando así los protocolos establecidos. Esa causa es o era ni más ni menos la criminalización de la protesta social.
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