El vicepresidente de la Corte Suprema jujeña prometió un Consejo de la Magistratura funcionando para este 2026

Reformada y aprobada en menos de un mes, la Constitución provincial estableció desde 2023 la creación del Consejo de la Magistratura, órgano que deberá evaluar la designación y sanción de jueces, defensores y fiscales, tarea que recién podrá cumplir a partir de agosto o septiembre.

Cumplidos todos los plazos de su conformación, finalmente este año el Consejo parece que comenzará a cumplir sus funciones, así lo manifestó Mariano Miranda, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.

“Las elecciones fueron convocadas para el día 11 de agosto en un proceso novedoso, innovador, que es de manera digital a través del Sistema Integral de Gestión Judicial, van a poder votar 96 jueces que conforman el padrón y también van a poder votar 29 fiscales y 55 defensores. Una vez que se proceda a la elección, en forma inmediata se va a tener el resultado y la proclamación será el día 13 de agosto. Estimamos que a más tardar una semana o 10 días con posterioridad a la selección de los jueces, se va a estar comunicando a los otros poderes para que designen sus representantes”, indicó el magistrado.

Así, el Poder Judicial avanza en la misma dirección que ya lo hizo el Colegio de Abogados de definir sus representantes dentro del Consejo de la Magistratura, por lo que solo queda el Legislativo y el Ejecutivo por concretar esa elección. En ese sentido, Miranda aclaró “una vez que estén los 11 integrantes del Consejo de la Magistratura, recién se pone en funcionamiento. Estimamos que esto puede llegar a suceder durante el mes de agosto o primeros días de septiembre”.

Respecto a representantes por parte del Ejecutivo y Legislativo, el cortesano detalló “obviamente el gobernador va a designar a los dos representantes y la Cámara de Diputados designará dos representantes por la mayoría y uno por la minoría, tal cual establece la ley y la Constitución”, por lo que expuso que no hay una fecha exacta de puesta en funcionamiento del órgano.

Por otra parte, Miranda adelantó que apenas puesto en marcha el Consejo, ya tendrá como tarea resolver los trámites que se encuentran dentro del Tribunal Evaluador, “que fue una creación legislativa del año 2015, esos trámites son traspasados a las funciones del Consejo de la Magistratura”, apuntó y puso como ejemplo, la decisión respecto al concurso de un juez penal: “ese trámite lo debe seguir el Consejo de la Magistratura una vez puesto en funcionamiento. Asimismo, hay otros dos concursos o más que por la aplicación de la ley vigente tienen una ultraactividad de dos años, en el caso de que se produzca una vacante para la misma categoría y jurisdicción, un cargo de juez o defensor o fiscal. Es decir, no ingresa, no comienza a funcionar vacío de funciones, sino asume las funciones que actualmente hoy tiene el Tribunal Evaluador”, además de la función de órgano de disciplina, donde sus 11 integrantes cumplirán funciones por cuatro años.

Por último, Miranda rememoró cómo se fue perfilando este Consejo: “un grupo de abogados, de juristas de la provincia de Jujuy vienen trabajando en la creación de un órgano para la selección de jueces fiscales y defensores desde hace muchísimos años, lo que pasa es que la Constitución del año 86 no preveía el sistema como sí lo prevé la Constitución del año 94, la Constitución Nacional, y se creó allá por el año 2015 lo que es el Tribunal Evaluador, que cumplía una función similar a la de un Consejo de la Magistratura, similar porque únicamente era la encargada de seleccionar y para elevar una lista complementaria al anterior Superior Tribunal de Justicia o actual Suprema Corte para la elaboración de las ternas y con posterioridad mandar al Ejecutivo Provincial y luego que tome intervención la Legislatura. Ese procedimiento, que era por ley, hoy ya tiene rango constitucional, eso es lo histórico de Jujuy, cuando ya prácticamente el 80% de las provincias del país ya tienen un sistema de Consejo de la Magistratura, a partir de muy poco tiempo Jujuy también va a tener un procedimiento similar, no sólo para designación sino también con facultades disciplinarias para jueces y fiscales y defensores”.