JUJUY

Detenciones arbitrarias, torturas, entre otros casos

“Extrema violencia política, institucional y de género”, la situación que se vive en Jujuy

Así lo señaló la comitiva de organismos de derechos humanos que llegó a mediados de julio para realizar un relevamiento, en el cual se determinaron al menos 58 casos de violaciones de los mismos por parte del Estado provincial

“Extrema violencia política, institucional y de género”, la situación que se vive en Jujuy

 

La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos presentó ayer en el Congreso el informe que confeccionó a mediados de julio sobre la situación que se vive en Jujuy bajo el gobierno de Gerardo Morales, la cual señalaron es de “extrema violencia política, institucional y de género”, que demuestran que en la provincia hay una ausencia del Estado de Derecho.

El documento señaló al menos 58 casos de violaciones a los derechos humanos, delitos cometidos por el Estado jujeño, entre los cuales se destacaron: allanamientos irregulares (7); espionaje ilegal/infiltración (2); violación a ley de inteligencia (1), persecución política con armado de causas (2), obstáculos a la debida defensa (3), hostigamientos y persecución a la Organizaciones sociales (2); detención y torturas (7); la creación y utilización de un Código Contravencional orientado a la criminalización de la protesta social (9), la violación a los derechos de los pueblos indígenas (7) y el despojo de tierras (17).

Según señala el informe, en Jujuy hay una “sistemática persecución política y criminalización, los presos y presas políticas de Jujuy, la falta de poderes independientes en la provincia, conlleva a seguir afirmando que el Estado de Derecho no se encuentra vigente, ni está en condiciones de garantizar los derechos humanos del pueblo jujeño”.

Esa conclusión llega tras el relato de varias víctimas de dichas acciones.

 

Un corte de ruta que no fue, pero que derivó en detenciones y torturas

Entre las personas que brindaron su testimonio estuvieron militantes que en marzo de este año intentaron cortar una ruta en San Pedro para exigir alimentos. Pese a que la medida no se realizó (el fuerte operativo policial impidió ello al ser emboscados debajo de un puente), sí hubo detenciones, entre ellas la de una mujer embarazada que, luego de recibir golpes perdió su embarazo.

“Los tuvieron 7 días detenidos, descalzos, bajo torturas y amenazas, primero en una comisaría y luego en el Penal de Gorriti”, indica el documento, además de describir los apremios recibidos por las personas detenidas.

“El hijo recibió 11 balas de goma, el padre 3 y un piedrazo en la cabeza. Los patearon, los tiraron al piso, los golpearon para apresarlos, les pisaron las manos. Con la cachiporra los golpearon sin cesar, pese a que nunca opusieron resistencia, también fueron arrastrados hasta la camioneta”, es uno de los casos referenciados.

Asimismo, expusieron que “durante su estadía en la penitenciaría fueron filmados desnudos, los mantuvieron parados con las piernas abiertas por largas horas, esposados en el patio, y si se cansaban, eran golpeados para que se mantuvieran erguidos”.

En el caso de las mujeres apresadas, detalla el informe sobre una mujer embarazada “la vamos a hacer abortar…”, según surge del testimonio realizado ante la comisión, por lo que efectivos la golpearon aún estando esposada. Y agrega “fueron desnudadas, les hicieron hacer sentadillas con un varón presente, abiertas de piernas, sin ropa interior por varios días, y les quitaron sus lentes lo que les impedía ver. La víctima termina perdiendo su embarazo”.

A pesar de los golpes recibidos, los controles médicos no dejaron constancias de ninguna de las marcas.

 

Allanamientos irregulares y violación de la ley de espionaje

Otro de los casos señalados fueron los 16 allanamientos simultáneos ocurridos el 6 de julio en sedes de organizaciones sociales, comedores y domicilios particulares de dirigentes. Dicha medida se desprendió de una causa que se inició un día antes del discurso de apertura de sesiones ordinarias, por parte de Gerardo Morales.

El fiscal Diego Funes, por aquel entonces dispuso crear Grupos de Trabajo para infiltrar a todas las organizaciones sociales que se movilizarían el 1° de abril. La orden de infiltración tenía como objetivo “individualizar” a sus referentes.

La investigación fue encomendada a la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad provincial, es decir, al propio Ejecutivo Provincial. Estas infiltraciones son el antecedente directo de los 16 allanamientos bajo la excusa de investigar los delitos de extorsión y asociación ilícita.

La investigación es iniciada de oficio y “no motivada por denuncias de presuntas víctimas tal como había recalcado el Fiscal”, concluye el informe. Además, recalca que en ninguno de los lugares allanados se encontró sumas importantes de dinero, prueba que demostraría los delitos señalados.

Pero, más allá de eso, en todos los casos se destacaron las irregularidades del operativo: no dejaron copia de la orden de allanamiento, se negó a abogados/as a estar presentes durante el operativo, como así también se les negó acceder al expediente, lo cual es una violación al derecho de la defensa.

Frente a ello, la delegación de DDHH sostuvo que desde que aprobó en 2016 la reglamentación del Código Contravencional en Jujuy “ha sido utilizado como un instrumento para labrar actas contravencionales con el objetivo de perseguir, amedrentar y judicializar a quienes se organizan y protestan”.

En la misma dirección, concluyeron que en la provincia existen “graves violaciones a los derechos humanos”, lo que constituye “una amenaza cierta y concreta a la vida democrática y la división republicana de poderes en la provincia de Jujuy y por ende en el país”.

 



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