El gravísimo caso en Caspalá, causa penal que se tramita en la justicia federal por “corrupción”, el atropello del ex gobernador Gerardo Morales provocando daños al patrimonio arquitéctonico del pueblo y a su comunidad, que llegan a los 400 millones para reparar la destrucción del pueblo en noviembre de 2022. A la fecha el estado provincial no cumple con la restauración que firmó el ex Fiscal de Estado, Miguel Angel Rivas, con la Unidad Fiscal Federal, fiscal Lucia Orsetti.
La violencia institucional que atraviesa a Caspalá, un pueblo de 300 habitantes en los valles de altura en la provincia, caso que es investigado exhaustivamente por la justicia federal y avanza a juicio oral y públilco. El gobierno reprimió, se apropió de una cancha comunitaria para la construcción de una escuela que ya tenía otro terreno para esa construcción. También expropiaron la finca de la familia Cruz Moyoja. Para ello utilizaron al estado para atropellar derechos, el daño se consumó en 12 días a 300 km de la capital jujeña.
El caso fue llevado a la justicia federal porque en la provincia no había avances, hoy son seis los imputados, ex funcionarios públicos acusados por fraude a la administración pública, falsedad ideológica y utilización de documentos falsos. Los imputados son: la ex ministra de Educación, Teresa Bovi; al ex comisionado de Caspalá, Natividad Apaza, hoy vocal municipal; a los arquitectos del Ministerio de Educación, José Raúl Torres y María Victoria Martínez Fascio; a la asesora legal del Ministerio de Educación, María Cecilia Rotondo, y al asesor de Fiscalía de Estado, Diego Montenovi.
Mientras la causa avanza, la imputada Martínez Fascio, que debe responder por la acusación de “corrupción” publicó en sus redes impunemente: “300 millones, le va a salir a la provincia, la ambición política atrás de las supuestas paladines de la justicia Cejas y Llanos, que se aprovecharon del un pueblo ingenuo y sin educación….”, descargo la arquitecta sosteniendo el argumento oficial del ex gobernador que desconoce derechos de las comunidades indígenas y leyes de Patrimonio. También la imputada señaló: “La justicia federal que cree que todavía hay caciques y desconoce las necesidades de las comunidades, aprovechó para meter sus narices y atacar la política y la autonomía de Jujuy”, escribió ignorando los derechos de las comunidades. Martínez Fascio recibió respuestas certeras a sus expresiones discriminatorias de una de las abogadas de la comunidad de Caspalá.
“La que generó el costo de 400 millones es la Sra. IMPUTADA, junto a sus compañeritos en la función pública. La sentencia así lo acredita. Sepa la Sra. IMPUTADA, que las abogadas representamos víctimas, representamos derechos, no existe causa o reparación de daños sin funcionarios corruptos, como lo expresa su imputación” respondió Alejandra Cejas, a la publicación de Martinez Fascio que tiene por delante un juicio penal y publico.
“Cuántos millones nos sale por mes? Porque todos siguen cobrando a pesar de su imputación. Y su familia también. Al hablar de autonomía, le recuerdo que la justicia adjudica delitos penales a personas, no al estado provincial. Si la justicia de Jujuy, fuese imparcial, debería tener imputados a más de la mitad de los funcionarios públicos de Jujuy. La corrupción se basa en la impunidad que ostentan para creer que están afuera de la ley, para no rendir cuentas, por no demostrar los gastos y uso discrecional de fondos, violación sistemática a derechos y garantías de ciudadanos jujeños”, respondió Cejas ante los hechos que investiga la justicia federal como uno de los casos más graves del gobierno de Morales, porque hay otros más en la justicia.
“No hable de los derechos de las victimas en redes, en el juicio penal demostrara sus verdades. Ahí nos veremos, Usted respondiendo por su negligencia y nosotras defendiendo a las víctimas de Caspalá, a las que desposeyeron, le rompieron su propiedad, los encarcelaron para gestar fechorías y como hacen en Jujuy, con el derecho a ser impunes. No hable, consejo legal. Pero lo debe saber para eso le paga a su abogado defensor. En Jujuy sabemos la clase de funcionarios públicos que tenemos. Lo hacen en todos lados y de todas las maneras posibles. No violente el ejercicio del derecho”, cerró la abogada antes las expresiones de la imputada en la causa Caspalá.
