JUJUY

Para poder denunciar penalmente a funcionarios

Intendente de Palma Sola derogó una ordenanza para impedir el relevamiento de familias campesinas

Pasada una semana de la denuncia pública que hizo Morales por la supuesta entrega de tierras a militantes del Movimiento Evita, el jefe comunal, Daniel Agüero dejó sin efecto la normativa que declaraba el ejido como zona campesina

Intendente de Palma Sola derogó una ordenanza para impedir el relevamiento de familias campesinas

 

Lo que anunciaba la semana pasada Gerardo Morales sobre la denuncia a funcionarios/as nacionales por la supuesta entrega de 23 mil hectáreas a militantes del Movimiento, finalmente se terminó de concretar mediante una maniobra del intendente de Palma Sola, quien derogó la ordenanza para perjudicar el relevamiento de más de 100 familias campesinas.

El jefe comunal, Daniel Agüero decidió dejar sin efecto la normativa 156/16, la cual establecía que el ejido de dicha localidad era zona campesina.

A partir de esa reglamentación -ahora sin efecto- organismos nacionales del área habían realizado un relevamiento de más de 100 familias de Palma Sola, las cuales recibieron en abril una carpeta en donde se establecía el lugar geográfico que ocupan en esas 23 mil hectáreas.

Días después, el gobernador jujeño, en una conferencia de prensa en Buenos Aires adelantaba que iba a denunciar penalmente a funcionarios/as nacionales por reconocer “la posesión de tierras a militantes del Movimiento Evita”, detalla en su cuenta de Twitter.

Rápidamente, personas allegadas a esta entrega de carpetas de relevamiento aclaraban que no se reconocía la posesión, ya que eso era de hecho, además de indicar que se trataba de familias campesinas y pequeñas productoras, no así militantes de organizaciones sociales, tal como quiso hacer pasar el mandatario provincial.

Sin embargo, recién ayer se concretó la denuncia penal, a través de la Fiscalía de Estado, por “usurpación y abuso de autoridad” por la entrega de estas carpetas de relevamiento.

La denuncia es contra el Secretario de Agricultura Familiar de la Nación, Miguel Gómez; la intendenta del Parque Nacional Calilegua Cecilia Iriarte y la Directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaria de Agricultura Familiar, María José Castillo.

Fue precisamente Castillo, quien dio a conocer la imputación, además de la decisión del intendente de Palma Sola -de extracción radical- para perjudicar el trabajo realizado con las familias campesinas relevadas.

“El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales decidió embestir contra los derechos, nada nuevo, en más de seis años de gobierno. Desde el jueves pasado, cuando anunció que nos denunciará penalmente por haber reconocido a quienes habitan, producen y cuidan del monte y la madre tierra en Palma Sola Jujuy, se inició una embestida mediática, que no para.  Desde ese día, el Ministro de la Producción de Jujuy miente en la prensa, sobre lo que hicimos”, expresaba en sus redes sociales.

Asimismo, apuntó “hoy -por ayer jueves- nos llega la noticia que el Consejo Deliberante de Palma Sola derogó la ordenanza municipal de área campesina y la presentación de la denuncia penal en el Juzgado Federal  contra mi persona, el Secretario de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y la intendenta del Parque Nacional Calilegua”.

En ese sentido, la abogada y funcionaria sostuvo “sabemos que reconocer derechos, no sólo no constituye delito alguno, sino que es una obligación impostergable de quienes decidimos asumir funciones públicas. Es lo que hicimos el pasado 19 de abril, cuando entregamos el relevamiento territorial sobre 23 mil hectáreas distribuidas en 18 parajes rurales, a más de 100 familias campesinas que habitan y producen esas tierras hace tres generaciones en muchos casos. Con la convicción de que la única lucha que se pierde es la que se abandona, daremos batalla por cada familia campesina que habita estas tierras, para que no sean expulsadas ni negadas”.



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