La comunidad de Santa Rosa volvió a tomar posesión de las tierras, exigen la reparación de las viviendas

Casas arrasadas, comuneros heridos con perdigones y un conflicto territorial basado en un error que no se enmienda, se cumple una semana del violento desalojo a las familias de la comunidad indígena de Santa Rosa en Humahuaca, que desde el viernes volvieron a tomar posesión de las tierras, por lo que exigen al Estado provincial que repare las viviendas.

La brutal represión sufrida por las familias no implicó que dejarán su lucha en defensa del territorio, sino que pese al operativo donde hubo detenciones y personas heridas, se inició una permanencia pacífica en el lugar. Así, el viernes, finalmente volvieron a tomar posesión de las tierras.

En medio de las presentaciones judiciales por parte de las abogadas defensoras, efectivos debieron retirarse del lugar, aunque las maniobras de persecución y hostigamiento continuaron, comuneras y comuneros denunciaron la presencia de vehículos no oficiales y sin identificación alguna, desde donde fueron registrados. Tras tomar fotografías, se retiraron del lugar.

“En el Día de las Infancias quiero dar cuenta lo que vivieron estos niños ¿Cómo la policía va a disparar gases lacrimógenos en la pieza donde estaban resguardadas?”, expuso la diputada Natalia Morales, quien acompaña el reclamo de las familias para que el Estado provincial repare las viviendas que fueron destruidas con una topadora.

Caspalá es el antecedente inmediato sobre la reparación que debe afrontar la provincia: mientras que ex funcionarios del gobierno de Morales están a un paso de llegar a un juicio oral por la destrucción de una cancha comunitaria, un antigal y la expropiación de una finca familiar por el capricho del dirigente radical de erigir una escuela en un sitio que fue construido por la propia comunidad indígena, la justicia federal ordenó al Ejecutivo a que reestablezca a su estado anterior el lugar en conflicto, remediación que fuera aceptada por la Fiscalía de Estado, pero que sigue dilatando los tiempos.

Algo similar puede llegar a ocurrir con la comunidad de Santa Rosa: el desalojo se basa en documentación expedida por la Dirección de Inmuebles donde superpone la ocupación de tierras entre familias y otra comunera, a quien se la señala como allegada al oficialismo, incluso, su abogado es funcionario del municipio capitalino. El error fue reconocido por el área de Catastro, pero la dependencia provincia nunca lo corrigió, derivando en la disputa territorial.