El 2020 fue un año marcado por la pandemia, situación que marcó un alza en los casos de violencia de género y en Jujuy en particular, una serie de femicidios ocurrieron en tan sólo 35 días, tal como le ocurrió a Alejandra Álvarez, una joven de 17 años de Alto Comedero y a 7 meses de su femicidio la familia participará de una movilización en la capital jujeña para pedir justicia y para dar a conocer novedades en la causa judicial.
A pesar de que la investigación ya tiene a un imputado, en estos últimos días el expediente judicial tuvo un giro cuando la jueza del Juzgado de Violencia N°2 María del Rosario Hinojo rechazó planteos de nulidad de la defensa e intimó a unificar las querellas entre el Consejo Provincial de la Mujer y la que lleva la familia de Alejandra.
Dicha situación fue catalogada como una “provocación” por parte de la abogada Mariana Vargas, quien representa a la mamá y al papá de la joven asesinada.
“Quienes perdieron a una madre o a una hija por la violencia de género en Jujuy, saben en carne propia a dónde nos lleva la desidia estatal” manifestó Vargas en sus redes sociales, luego de conocer el pedido realizado por la jueza Hinojo.
Dicho repudio se debe a que para la abogada el Consejo de la Mujer se conforma como querellante “al margen de la voluntad de las familias y en base a un decreto del gobernador que intentó que la culpa no recayera en él (léase el poder ejecutivo que dirige desde 2015 y su desidia, que no actúa como Estado sino como ONG en lo que hace a prevenir la violencia machista en la provincia)”.
Y explicó “en la causa de Marina Patagua, apelamos la constitución de querella por parte del Consejo Provincial de la Mujer. En la causa de Alejandra no”.
El rechazo de la familia para que el organismo que maneja la radical Alejandra Martínez se convierta como querellante se debe a que consideran que su inacción “permitió el femicidio de Alejandra -siempre evitable, y al que llamamos feminicidio por la responsabilidad estatal (por su acción u omisión) y sus progenitorxs, debe tener la misma representación legal”.
Frente a ello, Vargas cuestionó “¿no sufrieron demasiado ya familiares de víctimas de femicidio, que siguen en duelo, para tener que seguir enfrentando semejante provocación? ¿Esta es la forma de intervención del Poder Judicial en el camino de “reparación” de las víctimas y sus familias?”.
Y concluyó “parece que las familias de las víctimas, abrazadas por el movimiento de mujeres, deben ser castigadas. Lamentablemente, ello en el marco del planteo de Jury al Juez Pullen Llermanos, por el mal desempeño que terminó en el femicidio de Marina Patagua, y en el no disciplinamiento de familiares a Morales, a pesar de los subsidios estatales usados para sus fotos y twitter’s”.