Un cargamento de casi 500 kilos de cocaína que ingresaron a Jujuy que generó una discusión en el ámbito judicial: pese a tener conocimiento desde hace tiempo de denuncias de narcotráfico, el MPA negó informar del delito al juzgado federal, pese a que el delito señalado escapa de su competencia.
Fue en el día ayer que el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez brindó detalles de un operativo que se llevó a cabo el día sábado en la ciudad de La Quiaca donde se incautó un total de 479 kilos de cocaína. El allanamiento en un domicilio de una persona de fue gracias a una denuncia anónima, mecanismo que utiliza el órgano para casos de narcomenudeo, aunque por la cantidad hallada de la droga, el delito debería ser de narcotráfico, es decir, la investigación pasaría al fuero federal.
Lejos de ello, el fiscal Federico Zurueta, titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, manifestó enterarse del caso por redes sociales.
Tal como indicó Lello Sánchez, el operativo fue coordinado entre el MPA y el Ministerio de Seguridad para llevar adelante “las tareas de campo preliminares”, por lo que desde un principio se negó la participación de la justicia federal. En total, fueron 3 meses de trabajo en conjunto.
“Iniciamos esto con una denuncia anónima que nos da cierta información y de ahí comienza esta investigación junto con la brigada de narcotráfico de la ciudad de La Quiaca”, detalló el fiscal del MPA, Alberto Mendivil.
Fue luego de realizar el allanamiento a una propiedad que la justicia provincial recién da cuenta sobre el delito al fiscal Zurueta, aunque este señaló que fue de manera abstracta y sin dar detalles.
En ese sentido, Mendivil informó en la conferencia como fue el procedimiento. “No puedo dar muchos detalles porque es una investigación que todavía está en curso, nosotros llevamos adelante un seguimiento, se intercepta un camión, se lleva un escáner de la aduana que tiene la tecnología necesaria y colaboró en esta causa, se determina la densidad de una parte del camión que era el tanque de combustible que no es común esa densidad, cuando se pasa por un escáner y nos confirma, en base a las investigaciones que veníamos haciendo, la sospecha de que algo había en ese tanque de combustible. Llevamos el camión a dependencia de Infantería y ahí se procede al desarme del tanque de combustible y ahí nos encontramos con una cantidad de 200 y pico de kilos de clorhidrato de cocaína”. El resto de la droga fue hallada en un depósito de un domicilio particular. Por la causa hay dos personas detenidas y una tercera prófuga.
Asimismo, Mendivil adelantaba que en la audiencia se iba formalizar la imputación, en la cual también participó el fiscal federal Zurueta.
Ranys, de abuso sexual a trata de personas
Sin poder conocer el por qué de la negativa del MPA de dar participación a la justicia federal del caso de narcotráfico en La Quiaca, el año pasado un caso similar ocurrió cuando se descubrió todo un aparato de explotación sexual de menores en el Residencial Ranys.
Si bien la denuncia había sido realizada a fines de 2023, recién un año después se concretó el allanamiento al establecimiento ubicado en la transitada zona de la ex terminal de ómnibus. Desde un principio, la justicia local apuntó al delito de abuso de menores.
Ello conllevó a las sospechas y criticas de algunos sectores que trabajan sobre la temática como la ONG La Alameda, que ya había denunciado en 2022 varios sitios de hospedaje donde se producían encuentros sexuales con menores ante la PROTEX.
“No es porque nosotros queremos, sino que está escrito en un manual y también en los conceptos que califican a la trata de persona. Y todo el grooming, no es que deje de ser grooming, sino empieza a tener un agravante cuando se empieza a comercializar las imágenes”, señalaba Gabriela Burgos, integrante de la ONG sobre la calificación que se había impuesto a la causa.
Finalmente, el tiempo le dio la razón a la monja de La Alameda: la investigación terminó en el fuero penal quedando en manos del fiscal Zurueta y, además, a principio de este 2025 los dos fiscales del MPA que iniciaron la causa renunciaron. Tanto Walter Rondon como Rodrigo Fernández Ríos se les inició una investigación por parte de la Auditoria General de Gestión por su desempeño durante el proceso.