A dos años del jujeñazo tras la Reforma de la Constitución hay cerca de 10 expedientes que se tramitan en la provincia, nación y en organismos internacionales por la violación a los derechos humanos en la provincia.
En la justicia provincial se dilatan estos procesos penales donde hubo abuso de autoridad y las víctimas de las feroces represiones requieren justicia. Los casos más dolorosos son de Lian Lamas, Joel Paredes y Jorge Aguirre que las fuerzas de seguridad les arrebataron un ojo.
Esos días de junio de 2023 han marcado la impunidad del gobierno de Gerardo Morales y, en ese momento, Presidente de la Convención Constituyente que aprobó una reforma sin consenso de la ciudadanía.
Días atrás se realizó una audiencia por la investigación en la causa que lleva la defensa de Lian Lamas, el joven que recibió el disparo de un policía en uno de sus ojos y perdió la visión el 17 de junio en el corte de ruta en Purmamarca. Ese hecho de violencia institucional no logra justicia. Son los funcionarios judiciales que justifican esos hechos para no cuestionar el abuso de autoridad que auspicio Gerardo Morales, en su gestión.
El legajo N° 15395/25 en investigación penal preparatoria, tuvo una audiencia que sostiene la impunidad del gobierno de Morales.
El 17 de junio diversas comunidades se encontraban cortando la ruta en la entrada a la ciudad de Purmamarca, puntualmente en la intersección de la ruta 9 y la ruta 52, en la principal vía de ingreso a la ciudad de Purmamarca. Ese día hubo tres momentos de represión: alrededor de las seis de la mañana, otro a las tres de la tarde y un tercero a las siete de la noche. Los hechos de represión se caracterizaron por el uso ilegítimo, arbitrario y excesivo de disparos de la fuerza, cuyo resultado fueron múltiples heridos.
Las abogadas Alejandra Cejas y Silvana Llanés son querellantes y representan al joven Lian que al momento de los hechos tenía 17 años. En la audiencia reiteraron se cite a los funcionarios que estuvieron ese día en Purmamarca: el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García; de Ambiente María Inés Zigarán; de Seguridad, Guillermo Corro; de Desarrollo Humano, Alejandra Martínez; secretario de Protección a las Infancias y Adolescencia, Agustín Garlatti, el secretario de Jóvenes y Adultos, Julio Alarcón y Convencional Constituyente; los diputados (UCR) Humberto López y Néstor Sanabia; Victoria Luna Murillo, secretaria de Equidad Educativa y convencional constituyente; Walter Rondón agente fiscal, Diego Suárez secretario del Ministerio de Seguridad, Herbas Mejías jefe de la policía y Gerardo Morales jefe político y Presidente de la Convención Constituyente.
En la audiencia las abogadas expusieron la prueba para la convocatoria a los funcionarios púbicos que estuvieron esa tarde minutos antes de la represión. El registro audiovisual de esa jornada tanto de medios comunitarios, personas que estuvieron en el lugar y de la misma policía de la provincia se observa la enorme comitiva que estuvo esa tarde de represión en Purmamarca.
En la audiencia también expusieron la dilación en el proceso, la denuncia es de julio 2023, en febrero 2025 se insta a inspección ocular después de citar pruebas para la investigación y a la fecha recién en julio 2025 se movió la causa. Tampoco se libraron oficios para avanzar, sino todo lo contrario para que no avance.
El pedido de citación de los testigos, funcionarios públicos es para que declaren sobre ese día, en setiembre pasado las abogadas pidieron de nuevo la citación y en octubre reiteraron el pedido.
La respuesta de la Fiscalía, a cargo de Diego Funes rechaza el pedido de la querella, descartó los fundamentos y argumenta que el disparo es de un oficial. En esa misma línea el juez Rodolfo Fernández, del Juzgado de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública, rechazó la citación.
Los efectivos policiales llegaron en colectivo al corte de ruta y recibieron un pago para llevar adelante esa represión, vulnerando a la ciudadanía. Esa tarde se recolectaron cerca de mil vainas de balas de goma.
La querella pide respeto en el proceso ante los pedidos y avanzar en la misma, tras la decisión continuar el camino judicial. Además, manifestaron que todos los pedidos de informe para obtener pruebas no fueron respondidos por los organismos provinciales.
La abogada Cejas, comentó que “Amnisty internacional está monitoreando la causa, no solo el caso de Liam sino las de docentes y otras víctimas. Vamos a esperar, aun así, avanzaremos en la imputación a Morales como autor principal de lo que fue la represión de junio 2023”, finalizó.
