La provincia sigue otorgando permisos a mineras sin el consentimiento de comunidades indígenas

Una situación que se repite en Jujuy desde que Morales asumió la gobernación y que afecta a las comunidades indígenas frente al avance de emprendimientos mineros en la zona de quebrada y puna: el Ejecutivo sigue concediendo permisos para la explotación sin el consentimiento de los pueblos aborígenes, afectadas principalmente por la contaminación y el uso del agua dulce.

Esta vez fue la comunidad de Collamboy la que llegó a la capital para denunciar públicamente lo que viene ocurriendo en Coranzulí, donde la compañía salteña Loma Blanca pretende ampliar el yacimiento de borato y que perjudica a sus pobladores. Hoy representantes de la compañía tenían previsto una reunión con autoridades gubernamentales, no así las comunidades indígenas afectadas.

“El gobierno nos niega, no solo a la comunidad de Collamboy, sino a muchas de las comunidades de Jujuy, de que vinimos a responder lo que nos respondió la Secretaría del Pueblo Indígena para que se nos otorgue la personalidad jurídica que está en trámite desde el 2018”, indicó Desiderio Olmos, respecto a la dilatación del trámite de reconocimiento y que tuvieron que judicializar para obtener respuestas.

El conflicto con Loma Blanca nace por la discriminación que sufre la comunidad sobre la contratación de trabajadores de la zona: “se encuentra explotando el mineral borato y siempre ha sido bastante discriminatorio hacia los obreros del pueblo, hacia la comunidad misma, siempre siendo engañados de distintas maneras”, expuso el comunero.

“¿Qué es lo que la autorizó? ¿Cuáles son justamente el cumplimiento de los derechos indígenas que están en ese acuerdo? ¿Qué es lo que han hecho, digamos, qué acuerdos han arreglado? Porque nuestro derecho claramente dice que tiene que ser en igualdad, Si nosotros no sabemos el contrato, no sabemos qué es lo que venden, qué es lo que explotan, entonces, ¿cómo vamos a repartir la igualdad?”, cuestionó Desiderio sobre estas autorizaciones concedidas.

Sin embargo, el principal problema no es la contratación de personas del pueblo, sino la contaminación del aire y del agua. La comunidad de Collamboy se encuentra al límite del lugar donde se instaló la empresa hace más de 60 años.

Silveria Luisa Quispe, presidenta de la comunidad manifestó sobre este punto: “nos están afectando a todas las llamas, a nuestra hacienda, a la empresa no le interesa que mueran todos los animales, no le interesa”.

Y agregó “incluso nosotros, como personas, también estamos afectados, el tema del pulmón y de la vista, ya todos estamos siendo contaminados”. Pobladores describieron que es el polvo que sale de una especie de horno con olor a azufre el que llega a los lugares donde viven y que no permite respirar ni el crecimiento de la pastura con la que alimentan a los animales. “Allá vivimos todos, está como una neblina hasta todo”, describió la presidenta de la comunidad.

Si bien la situación viene desde agosto, recién el jueves pasado se hizo visible cuando cortaron un camino vecinal, por lo que el fiscal de la zona -con asiento en La Quiaca- prometió que iba a garantizar el diálogo entre la comunidad y la empresa, por lo que hoy estaba planteado un encuentro por parte de JEMSE, aunque la comunidad no fue invitada. “Nosotros como comunidad de Collamboy nos fuimos convocados porque nuestra situación y planteo es justamente primero subsanar más que nada la contaminación, ellos hace años que trabajan ahí y la contaminación viene hace rato y siempre han negado y con el gobierno niegan a la comunidad que ya existe por de hecho el distrito de Coranzuli tiene más de tres comunidades”, detalló Desiderio, quien además consideró “ellos (por el gobierno) quieren tener una sola comunidad para manipular a su referente y tener todo el favoritismo y entregar en todos los territorios”.

La contaminación de los pastos hizo que pobladores tuvieran que irse del lugar “no pudieron producir más de su ganado porque las cabras ya sufrieron defectos, las llamas también”, detalló el comunero, que también puso en duda la realización del estudio de impacto ambiental: “ellos (por la empresa) dicen que presentan toda Minería y la verdad que no vemos papeles, para nosotros no hay”, concluyó.

Comuneros de Collamboy