JUJUY

Está procesado como partícipe necesario de “La noche del apagón”

Los 10 motivos para acusar a Carlos Blaquier por delitos de lesa humanidad

A días que la Corte Suprema revocara el beneficio de la falta de mérito contra el empresario, un documento detalla diversos puntos en los cuales demuestra su colaboración activa durante la última dictadura militar

Los 10 motivos para acusar a Carlos Blaquier por delitos de lesa humanidad

 

“La noche del apagón” es un trágico capítulo de la historia jujeña derivada de la complicidad del Ingenio Ledesma con la última dictadura militar -que además obtuvo apoyo por parte de la Iglesia y el sector empresarial- y por lo que Carlos Pedro Blaquier está siendo señalado como partícipe necesario en delitos de lesa humanidad y que desde organismo de derechos humanos de la provincia señalan que son 10 los motivos por lo que el dueño de la compañía agroindustrial puede ser juzgado.

Reynaldo Castro, docente UNJu, escritor, periodista cultural realizó una investigación donde dio cuenta de distintos puntos en lo que se demuestra la activa colaboración de Blaquier con el régimen dictatorial y al cual adhirieron distintos organismos de derechos humanos de Jujuy.

A días que la Corte Suprema anulara la falta de mérito, el documento indica razones por lo que el empresario debe ser juzgado.

 

Los 10 motivos para acusar a Blaquier de genocida civil

1-Colaborador de “Joe”: (en referencia al ministro de Economía de la Dictadura cívico-eclesiástico-militar) fue colaborador económico del proyecto neoliberal que impulsó José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía del gobierno de facto que usurpó el poder en 1976.

Existe una carta que firmó el empresario de Ledesma y que tenía un encabezado que connota la relación estrecha que existía entre ambos: “Querido Joe”. En esa misiva, Blaquier aseguró que su empresa aportaría “aproximadamente 10 mil dólares” para mejorar la imagen de Argentina en la revista Time de EEUU.

2-Filodictarorial: La relación de la empresa con la dictadura, como está demostrado en varios libros de investigación, siempre fue muy cercana. Un hecho prefigura ese vínculo: el brigadier Adolfo Álvarez, comandante en jefe de la Aeronáutica en el golpe del ‘66 (relevado por Onganía dos años después) fue, durante unos meses, el encargado de Relaciones Públicas de Ledesma. Más tarde, él integró el directorio de la empresa.

3-Espionaje: La empresa Ledesma, durante la dictadura, realizó tareas de seguimiento sobre empleados y obreros que consideraba peligrosos. A esas personas las despidió (como es el emblemático caso del doctor Luis Ramón Aredez, despedido por recetar demasiados remedios para hijos de obreros, detenido el 24 de Marzo de 1976 y desaparecido el 13 de mayo de 1977); otros fueron detenidos y, posteriormente, desaparecidos (como es el caso no menos emblemático de Jorge Weisz, quien salió “en libertad” de la cárcel de barrio Gorriti, en diciembre de 1976, pero nunca más se supo de él).

4-Represión ilegal: Mario Paz, gerente de Personal al momento de realizarse los apagones, en una entrevista grabada con su consentimiento, dijo frente a una cámara que la seguridad de la empresa estaba a cargo de gendarmería: seis hombres que vivían permanentemente en Ledesma y –sin ponerse colorado– expresó que eran “¡Cojonudos!”. Ejemplifico con un caso de rutina: si tenía diez sospechosos, ordenaba que les den una golpiza (“una cagada que no se van a olvidar”) hasta que “canten” al culpable. En los casos que no había delaciones o culpables, Paz les pedía disculpas y listo.

5-La gran inundación: En marzo de 1980, una gran inundación arrasó con viviendas humildes (nunca hubo precisión de las personas muertas, pero Olga Márquez de Aredez opinó que podrían ser doscientas); sin embargo, el gobernador Fernando Urdapilleta, el jefe de Policía, el obispo José Miguel Medina y el jefe de Seguridad de Ledesma informaron que sólo hubo seis muertos. Olga Demitrópulos escribió que, en la mañana siguiente al desborde del río, “sobrevivientes aparecieron por media calle del pueblo, semidesnudos y cubiertos de barro, como si hubieran sido desenterrados de lo profundo de la tierra. ¿Cuántos murieron? Nunca se supo la cifra exacta”.

6-Secuestro y desaparición: El testimonio que dio Eublogia Cordero, en 1985, durante el Juicio a las Juntas militares, es muy esclarecedor: el 20 de julio de 1976, ella y su hijo Horacio Domingo Garnica fueron secuestrados de su casa de Calilegua (luego sería también secuestrado su otro hijo Miguel Ángel), les quitaron los documentos en la comisaría del lugar, después pasaron por Libertador General San Martín y fue entonces (porque no tenía muy ajustada la venda en los ojos) que ella pudo ver cómo sacaban a personas y los cargaban en los trailers de la empresa Ledesma. La última estación de ese calvario fue el Centro Clandestino de Detención ubicado en Guerrero.

7-Crecimiento para pocos: Según Giovanni Stumpo, en 1977, nuestro país vivió una de las crisis más profundas. Además del terrorismo estatal, el tejido industrial fue destruido; sin embargo, en Jujuy, la industria manufacturera crecía (Ledesma SAAI, Celulosa Jujuy y Altos Hornos Zapla, según el trabajo del investigador italiano). Ese crecimiento, como indica esa investigación, fue para unos pocos: para los dueños de la empresa Blaquier, ya que los habitantes del departamento Ledesma –en población urbana como rural– fueron los menos favorecidos.

8-Persecuciones penales: Dado que el sistema económico de la región depende de Ledesma, todos los gobiernos que se sucedieron en la recuperación democrática pasaron a depender de la empresa. Por esta razón, sus directivos siempre se sintieron respaldados para no escuchar reclamos de trabajadores. Por esta razón, en el 2017, trabajadores jujeños expusieron –ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington– la persecución por medio de procesos penales que suceden en Jujuy y que son promovidos por la empresa Ledesma con apoyo del gobierno provincial y nacional.

9-Seguimiento ilegal: La empresa, ya en tiempos democráticos, siguió con tarea de seguimiento a personas “peligrosas”. En un allanamiento ordenado por el juez federal Fernando Poviña, el 26 de abril de 2012, en una oficina de Ledesma, fue encontrado un informe de inteligencia de personas que participaron (o que los informantes así lo creen) de personas que participaron en la marcha del Apagón del 2005. El poder judicial nunca informó qué pasó con la denuncia que presentaron organismos de DDHH. La dependencia de la empresa, como se ve, sigue intacta.

10-Complicidad empresarial: En el 2012, el juez Poviña procesó a Blaquier como cómplice en primer grado de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas, durante los apagones ocurridos entre el 20 y el 27 de julio de 1976, en Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar. La respuesta del empresario fue que la empresa, efectivamente, había prestado vehículos, pero ignoraba el uso que las fuerzas militares le darían.



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