Llamamiento nacional por el sobreseimiento o absolución de los 19 imputados por perturbación del orden, incendios y estragos; sedición y motín, causa que se originó tras las manifestaciones en contra de la Reforma (In)Constitucional de 2023. La acción se desprende de la elevación a juicio que se llevará a cabo desde el 26 de octubre al 6 de noviembre.
El pasado 21 de agosto de 2026 había sido rechazado el pedido de no fijar audiencia y apenas una semana, con quejas en trámite, el 27 de agosto, se notificó un debate de enorme magnitud concentrado en diez jornadas.
La novedad puso en movimiento a organizaciones sociales, políticas, barriales, de derechos humanos y sindicales. Así, además de reuniones concretadas en las últimas horas y una conferencia de prensa para el próximo lunes 14. A la gravedad de la carátula -que prevé condenas desde los 6 meses hasta los 10 años de prisión- en paralelo, la Fiscalía de Estado (por aquel entonces encabezada por el reciente condenado Miguel Ángel Rivas por violencia de género), también apuntó a la acción civil, por lo que se intenta que los acusados realicen un resarcimiento económico al Estado provincial. Por aquel entonces, la Fiscalía de Estado apuntaba a una suma de 300 millones de pesos.
En principio, los acusados serán 20 en total, entre ellos, Miguel Ángel Ramos, Santiago Zamora, Leonardo Alejandro Rosales, Walter Armando Puca, Gabriel Taboada, Martin Antonio Abad, Francisco Emilio Lyonnet, Luis Santiago Zalazar, José Ivan Blacutt, Gabino Cruz, José Darío Donaire, José Luis Leopoldo Vilca, Nelson Javier Mamani, Mayuk Nasib Mamani, Héctor Luis Gerónimo, Walter Damián Brizuela, Dan Leonel Liborio, Gonzalo José Marino Diaz, Nahuel Tomas Herrera y Lautaro Joaquín Rivero.
Con una justicia adicta al poder político, las denuncias públicas apuntan a que no se permitió la incorporación de pruebas y testigos que favorecerían a los imputados. En paralelo, manifestantes que fueron mutilados (hubo 3 casos donde perdieron uno de sus ojos), siguen esperando respuestas de la justicia para que se determine las responsabilidades del caso.
“Abajo la Reforma, arriba los derechos”, fue la consigna que levantó un pueblo que se manifestó en contra del avance del gobierno autocrático de Gerardo Morales. Las modificaciones en la Carta Magna provincial se hicieron sin participación de organizaciones y en menos de un mes. Asimismo, docentes iniciaban una huelga por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras salariales y que terminó por unir a trabajadores estatales. Con sueldos de pobreza, el malestar se contagió.
Las comunidades indígenas también fueron parte importante del jujeñazo: con una Constitución que permitía el despojo de sus tierras ancestrales, apenas aprobada el 17 de junio la reforma, iniciaron cortes de ruta en distintos puntos de la provincia. Así, el 20, cuando jura la nueva Constitución Morales, la respuesta del Estado provincial fue la cacería indiscriminada de manifestantes y una brutal represión.
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