Pasaron varias semanas para que comunidades indígenas de la quebrada decidieran cortar la Ruta N°9 para reclamar por la posible venta de más de 18 mil hectáreas pertenecientes a sus territorios, aún cuando elevaron respuestas a las autoridades gubernamentales provinciales y municipales, pese a ello, la única respuesta llegó recién ayer a partir que el MPA dio inicio a una investigación el negocio de dichas tierras.
Así lo informó el propio órgano judicial a través de su página, donde aclaró que se inició una investigación penal preparatoria para averiguar la venta por parte de la inmobiliaria REMAX tierras de comunidades indígenas.
Asimismo, indicó que la investigación está a cargo del Dr. Fernando Enrique Alancay, titular de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria de la circunscripción Humahuaca del MPA, quien ya ordenó una serie de medidas.
Entre ellas, se emitió oficios a la empresa inmobiliaria, a la Dirección Provincial de Inmuebles y a la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia, solicitando a esta última información sobre el territorio de esta comunidad.
En tanto, para este jueves se ordenó una inspección ocular, relevamiento fotográfico complementado con filmaciones aéreas por parte del mismo MPA.
La iniciativa del ente acusatorio se desató tras el corte de ruta realizado ayer y que fue levantando luego que efectivos policiales advirtieran que había una orden federal de desalojar a sus participantes y en caso de no acatar, reprimirían para cumplir lo dictado por el juzgado.
Recordemos que de llevarse a cabo esta venta se verían afectadas las comunidades de Quitacara, La Huerta, El Perchel, Villa Las Rosas, Villa Perchel, El molino y Yacoraite, todas en Huacalera.