Se suma un nuevo escándalo a la administración de PAMI delegación Jujuy, Pablo Jure, director del SAME 107 Jujuy, radicó una denuncia penal en la órbita del Ministerio Público de la Acusación (MPA), contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) por los delitos de “Lesiones contra la persona” y “Homicidio”. La denuncia tiene fecha de 30 de diciembre de 2025, trascendió este jueves y habrá que ver qué recorrido tiene en la justicia, si hay alguna investigación en curso. La justicia federal podría actuar de oficio, ya que los fondos de PAMI son naciinales.
La denuncia consigna que SAME, como sistema pre hospitalario, en el último año prestó asistencia médica de urgencia y emergencia a más de 12.000 afiliados del PAMI, ante la negativa de la obra social de brindarles el servicio de salud.
PAMI, delegación Jujuy es administrada por funcionarios que responden al diputado nacional Manuel Quintar (LLA), Evaristo Bautista, director del PAMI Jujuy fue administrador de la clínica privada del legislador. Meses atrás se supo de denuncias de PAMI que derivaba a personas con discapacidad a la clínica para realizar estudios.
El titular del PAMI, Esteban Leguízamo, enfrenta crecientes tensiones por presuntas irregularidades y conflictos de intereses relacionados con su referente en Jujuy, Bautista, quien está vinculado a aumentos injustificados en tarifas de clínicas, lo que podría representar una estafa de 10.000 millones de pesos.
La nueva denuncia que se conoció a la obra social más grande de los jubilados y jubiladas precisa que los afiliados se comunicaban de manera directa a la línea 107, con el fin de requerir servicios de urgencia y emergencia, alertando la falta de respuesta por parte de PAMI.
En este escenario, SAME respondió operativamente a tales requerimientos y lo seguirá haciendo, al verse en peligro el derecho a la vida.
La denuncia continúa detallando, que el sistema pre hospitalario destinó importantes recursos materiales y humanos para atender 12.142 asistencias médicas. PAMI no reintegra estos importes y el Estado provincial termina financiando la falta de asistencia del organismo nacional.
Finalmente, se advierte la responsabilidad penal que le cabe al denunciado, conforme el Código Penal de la Nación, particularmente en los artículos 106 “Abandono de persona”, 108 “Omisión de auxilio”, 248 “Incumplimiento de los deberes de funcionario público” y 260 y 261 “Malversación de caudales públicos”.
Los nuevos delitos que se denuncian se suman a denuncias penales anteriores por asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, fraude a la administración pública.
