JUJUY

Son varios los funcionarios señalados por corrupción

Causa Caspalá más cerca de llegar a juicio, el procurador de la Nación afirmó la competencia federal

Eduardo Casal rechazó el pedido del juez Rodolfo Fernández al indicar que el gobierno de Morales presentó “documentación falsa” para obtener financiamiento, por lo que causó perjuicio directo al Estado nacional

Causa Caspalá más cerca de llegar a juicio, el procurador de la Nación afirmó la competencia federal

 

En la causa Caspalá, se conoció el dictamen del Procurador de la Nación, Eduardo Casal rechaza la inhibitoria planteada por el Juez Provincial y sostiene la competencia federal, por entender que las maniobras cometidas por funcionarios provinciales habrían implicado un engaño directo a las autoridades de la Nación.

El caso es emblemático porque tiene imputados a funcionarios por corrupción tras haber arrasado con los derechos del pueblo kolla bajo el pretexto de la construcción de una escuela secundaria en el predio de la cancha comunitaria. El edificio nunca se construyó debido a la judicialización, aunque gran parte de los fondos fueron entregados.

La abogada Silvana Llanés, que representa a la comunidad de Caspalá explicó que “el Juez provincial, Rodolfo Fernández planteó la inhibitoria de la Justicia Federal porque, para él, los fondos entregados por Nación a la Provincia para la construcción de una supuesta escuela ingresan a las arcas Provinciales, lo cual es refutado por el Procurador de la Nación, sosteniendo la competencia Federal, por qué a quien se engañó con información falsa para obtener el préstamo, fue al Gobierno Nacional , generando un perjuicio a las rentas Nacionales”.

De hecho, el dictamen del Procurador apunta que la operatoria del gobierno de Morales “consistió en presentar documentación falsa en un expediente administrativo para engañar a una autoridad federal sobre el cumplimiento de las condiciones para acceder al financiamiento, hecho que causó perjuicio directo al Estado nacional”.

Y aclara “el terreno donde iba erigirse la escuela -según narra la fiscal- era utilizado por la comunidad como campo de fútbol y para otras actividades recreativas en las que también participaban integrantes del pueblo indígena kolla, condición que hacía no elegible al proyecto según los términos del referido programa de financiación de infraestructura educativa”. El engaño fue realizado por el director de proyectos del Ministerio de Educación de la provincia que “al completar un formulario preimpreso requerido por las autoridades nacionales para evaluar la elegibilidad, declaró -a sabiendas de su falsedad- que en el sitio no se desarrollaban actividades, ni existía población indígena que pudieran resultar desplazados como consecuencia del desarrollo del proyecto”, agregó Casal.

Cabe recordar que el gobierno radical decidió expropiar tierras de la familia Mojoya-Cruz para construir otra cancha allí y así compensar a la comunidad por la ocupación del espacio comunitario, proyecto que también tuvo que ser suspendido ante la presencia de un antigal. Un informe de impacto ambiental hubiese advertido la presencia de elementos prehispánicos, tal como sospechaba la población. El Ejecutivo trató de enmendar el error y prometió la construcción de un centro de interpretación arqueológica.

Con el dictamen del procurador de la Nación, la última resolución de la causa queda en manos de la Corte Suprema de Justicia nacional y así pueda elevarse a juicio.

 



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