En otra emisión del informe televisado del COE, el gobierno, representado por los ministros Ekel Meyer y Gustavo Bouhid, echó a andar otro enemigo al ruedo: las “fake news” arrojadas por trabajadores de la salud que denuncian la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario, mietras que poco se dijo de la situación epidemiológica.
Desde el inicio de la pandemia, aun cuando la situación estaba controlada y Jujuy solo había 5 casos de covid -todos importados- Morales y su séquito no dudó nunca en señalar a “los enemigos”.
El 18 de marzo, cuando se registró el primer caso de la enfermedad en la provincia, el mandatario brindó una conferencia de prensa donde expresó “actitud, disciplina, ordenar, tranquilo, pero también ayudarnos, ayudemos porque si la gente no nos ayuda cómo hacemos si la mitad no cumple, dónde los metemos, los vamos a meter presos pero obviamente que vamos a tomar medidas rigurosas”.
Un claro ejemplo de ello fue cuando días después se hicieron virales fotos donde personas que circulaban sin justificación fueron encerrados en un “corralito” improvisado en la localidad de Palpalá. En ese entonces, el titular de la cartera de Seguridad explicó que las detenciones se debían a que estas personas “no pudieron justificar su transitabilidad por la vía pública”. Además, también había señalado la aplicación de duras sanciones por desobedecer el decreto presidencial del aislamiento obligatorio y, que en la provincia, implicaba la detención del ciudadano que no cumpla.
Sin embargo, en aquella conferencia de prensa Morales también había apuntado al rol de los medios. “Paremos con la fake news en las redes sociales, con la información falsa, eso también ha reprimido, eso también es flagrancia, ojo con lo que hagan circular, vamos a llegar a la red social, vamos a saber quién es el que tiró información falsa para generar caos y estrépito, ojo con eso, por eso digo, estamos en una guerra, frente a un enemigo que no conocemos tanto y se multiplica, y nosotros somos los que somos”.
Es que por esos días, la prensa daba a conocer los casos sospechosos de distintas personas: gente que presentaba algún síntoma compatible con la enfermedad y que tenía un historial de viaje a otras provincias o países, tal como había catalogado el propio gobierno.
Sin embargo, luego la mirada se clavó en los camioneros. Mientras que los transportistas reclamaban que en los controles debían esperar horas para que pudieran acceder al control sanitario, con todo lo que ello implicaba, Morales los señalaba como posibles importadores del “bicho”.
La pelea finalizó cuando el sindicato de Camioneros intervino en la cuestión y, ante una amenaza de paro, que iba a dejar desabastecida a la provincia, Morales tuvo que responder a los reclamos del gremio mejorando la atención en los puestos de control en el ingreso a Jujuy.
En el medio, un camionero oriundo de Fraile Pintado, quien había dado negativo el test Elisa (rápido) había realizado una reunión con amigos y familiares y estado en varios lugares, pese a que las indicaciones sanitarias decían que debía cumplir cuarentena de 14 días.
Tras comenzar a presentar un malestar, el hombre se presentó en el hospital local donde se activó el protocolo de atención. Morales, en distintos informes no dejó de apuntar a la “irresponsabilidad” del chofer.
Debió morir (12 de junio) este hombre para que el gobernador dejara de hablar de la víctima fatal.
Sin embargo, el caso de este camionero no implicó un brote de la enfermedad.
No ocurrió lo mismo con los 2 efectivos policiales que participaron de su comitiva los días 3 y 4 de junio en lo que fue el operativo de refuerzo de la frontera con Bolivia.
Fue en ese momento que la provincia comenzó con un brote de contagios en distintos puntos debido a que al ser considerados como trabajadores esenciales, los policías nunca dejaron de salir de sus casas.
Con el fin de ocultar el hecho, Morales apuntó la población que cruzaba la frontera, a una supuesta “Cholita” vendedora de coca, a las reuniones clandestinas.
Ahora, con el colapso del sistema sanitario y ante la incertidumbre y angustia de no tener respuestas del COE, ese organismo creado exclusivamente para el tratamiento de la pandemia, la ciudadanía es la que ahora apunta como enemigo a un gobierno que no da soluciones.
Lo mismo ocurre con trabajadores de la salud, que ante la falta de equipos de protección personal han sufrido las consecuencias de la enfermedad: al menos el 30% se ha contagiado.
Lejos de dar respuestas, ayer Bouhid señaló que había una campaña de desprestigio a nivel nacional, apuntó a un médico como ex candidato a intendente, además de señalar que los vídeos que se viralizaron donde un hospital estaba lleno, las personas eran militantes.
Meyer se sumó a los dichos del titular de salud y sostuvo que era una traición al pueblo que la oposición y trabajadores no ayuden al gobierno presentando propuestas para combatir el virus.
Esta actitud de tildar de “traidores” a quienes realizan críticas a una gestión no es propio de un sistema democrático y lo único que hace es resaltar las políticas fallidas.
¿Es que acaso las personas que denunciaron y sufrieron la falta de atención médica cuando llamaron al COE y SAME y acudieron a los hospitales son traidores? ¿Quienes perdieron a seres queridos porque no consiguieron una cama son traidores? ¿Los médicos de la Nación que exponen la grave situación jujeña son traidores?
La búsqueda de culpables cuando las cosas salen mal, la apelación a las "campañas de desprestigio" sólo evidencia a un gobierno incapaz de aceptar las críticas y lo que es peor, de revisar errores cometidos para solucionarlos y darles respuestas a la gente de Jujuy que padece por un sistema sanitario colapsado en esta pandemia.
Los números son los que terminan por dar cuenta qué es lo que realmente ocurre: una campaña de desprestigio no arroja un índice de letalidad mayor al promedio nacional (2,03%), tal como ocurre en Jujuy (2,76%)