Pese al extenso material que pudieron registrar medios de comunicación, pero también manifestantes donde se pudo observar detenciones arbitrarias en camionetas particulares, otras sin patente, allanamientos sin orden judicial durante las protestas del 20 de junio, para la justicia jujeña no hubo violaciones de los derechos humanos por parte del aparato represivo del gobierno de Gerardo Morales, por lo que negó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ser querellante en la causa.
En la audiencia de ayer, el fiscal Rodrigo Gabriel Fernández Ríos consideró que no se “visualizan posibles violaciones a los derechos humanos y que la causa debe quedar enmarcada en las instituciones de la provincia de Jujuy”, indicaron desde el organismo que dirige Horacio Pietragalla Corti.
De esta manera, el funcionario judicial rechazó que la Secretaría sea querellante en la causa surgida de su propia denuncia, en la cual se debería investigar las detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y lesiones graves en el marco de las represiones policiales contra las protestas por la reforma constitucional.
La solicitud del organismo de derechos humanos nacional se basaba en la responsabilidad internacional que asumió el Estado argentino respecto al cumplimiento de los derechos más fundamentales de las personas y teniendo en cuenta los comunicados de advertencia realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas, por violaciones a los derechos humanos durante las jornadas de protestas en Jujuy producto de la reforma parcial de la Constitución.
En ese sentido, el secretario Pietragalla Corti explicó que “lo único que quería hacer la SDH, como hacemos en otras provincias, era colaborar e instar a que se haga una investigación seria para determinar los responsables de los hechos que hemos verificado durante los días de represión. Una vez más la Justicia jujeña demuestra la falta de división de poderes y el encubrimiento permanente a las acciones del gobierno de Gerardo Morales”.